El sur de Córdoba, atemorizado por combates entre grupos armados

La Asociación de campesinos del sur de Córdoba denunció que los enfrentamientos entre grupos armados en disputa por el control territorial en esta zona del departamento, dejan hasta el momento tres personas muertas y tres heridas.

También advierten que en las últimas horas se presentaron combates en la población de Santa Rosa, en límites con el corregimiento de Juan José, en el municipio de Puerto Libertador.

Según señalaron por medio de una misiva “tienen confinada a la población de la Vereda de Santa Rosa y poblaciones vecinas, entre  ellas gran parte de la vereda Río Sucio; ya que no les permiten ni salir ni entrar del territorio, coartando la libertad de movilidad y locomoción. Esta acción violatoria del DIH y que vulnera flagrantemente los Derechos Humanos y ejercicios autonómicos de la comunidad, podrían generar desplazamientos masivos y deja a las comunidades en medio de la confrontación armada, siendo usada como escudos humanos”.

Estos Defensores de Derechos Humanos en Córdoba alertaron sobre esta situación, ya que en la zona hacen presencia el Clan del Golfo y los ‘Caparrapos’, grupos criminales que se disputan por el control de los cultivos de hoja de coca.

De igual manera, hicieron el llamado al Gobierno Nacional: “Al Estado Colombiano, en cabeza del Presidente Iván Duque Márquez, recordando que la responsabilidad primaria de protección de los Derechos Humanos recae de acuerdo con los principios constitucionales y el articulado de los Tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano, al ser éste el sujeto responsable de velar por el cumplimiento de lo consagrado en la Carta Política y por ser el que adquiere los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.

Por tal razón, su mayor deber jurídico es el de prevenir las violaciones frente a estos derechos y tomar las medidas necesarias para investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que impida que estos crímenes se sigan perpetrando”.

Hasta el momento, ni la Policía de Córdoba ni las Autoridades Locales han hecho pronunciamientos sobre el tema y los campesinos están a la espera de ser escuchados tanto por el Gobierno Nacional, como por la comunidad en general.