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Fallo ordena a Maurel y Prom concertación en explotación de hidrocarburos en Boyacá

Ordena que se den espacios de concertación y participación con la ciudadana entorno a la exploración y explotación de hidrocarburos en la región de Sugamuxi.

Fallo ordena a Maurel y Prom concertación en explotación de hidrocarburos en Boyacá. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo

El Tribunal Administrativo de Boyacá ordenó a la empresa Maurel y Prom, con el acompañamiento de las autoridades municipales y de Corpoboyacá, que se den espacios de concertación y participación con la ciudadana entorno a la exploración y explotación de hidrocarburos en la región de Sugamuxi.  

Se precisó que el Tribunal encontró que la empresa no adelantó trabajos de explotación del hidrocarburo, tan solo ha desarrollado exploración sísmica. 

"De los cargos analizados, el Tribunal encontró que solamente prosperó con la no realización de la consulta previa y por tal razón amparó el derecho colectivo de las comunidades de los municipios de Sugamuxi que se puedan ver afectados de las empresa Maurem Prom de Colombia", explicó el magistrado Arciniegas. 

Por ello, para proteger el derecho se le ordenó a esta empresa que garantizará espacios de participación a las comunidades de los municipios de esa provincia informando y explicando en qué consiste, cómo se realizará, métodos y las consecuencias de explotación que se emplearán. 

También se precisa que en el marco de esos espacios se diseñe en conjunto con la comunidad medidas de corrección a fin de que no se trate de dar una mera socialización sino que se haga una verdadera concertación con un efecto palpable en la región todo esto se deberá hacer previó a la explotación. 

Un grupo de ciudadanos interpuso la acción popular en la que declarara a los ministerios de Medio Ambiente, de Minas y Energía, al municipio de Firavitoba y las empresas Maurem Lamprome de Colombia y la Compañía Geofísica Latinoamericana por considerar que se habían violado los derechos colectivos de la comunidad de Sugamuxi. 

Se precisó en la acción popular que se habían violado los derechos colectivos toda vez que se entregó en concesión el subsuelo y se otorgaron licencias a empresas extranjeras, que lejos de estar interesados en el bienestar de las poblaciones, destruyeron el entorno ambiental, teniendo en cuenta la explotación de hidrocarburos. 

Los demandantes consideraron que las empresas autorizadas para la exploración y explotación de hidrocarburos han debido agotar la participación a la comunidad amenazada y que por lo tanto estaría afectadas de validez porque se omitió esa consulta obligatoria. 

A Corpobayacá se le indilgó que había sido omisiva pese a que se solicitó el apoyo  a la defensa de los derechos amenazados y la entidad no acudió.