La música clásica rompe fronteras invisibles en Distrito de Aguablanca, Cali

Por: Santiago Serna Duque

El Distrito de Aguablanca en Cali, Colombia, es el nodo donde convergen buena parte de los homicidios de la ciudad. Las cifras son irrefutables: Aguablanca comprende a cinco comunas compuestas por 335 barrios en los que la Policía detectó a unas 70 pandillas delincuenciales.

Allí, al oriente de la capital salsera del mundo -en las comunas 13,14,15,16 y 21- ocurrieron el 44,5% de los asesinatos del 2017. Es decir, de las 1.242 muertes violentas que contó el Observatorio Social de la Alcaldía de Cali, 553 fueron en dicho distrito. Y, aunque parezca contradictorio, se puede decir que las cosas están mejorando lentamente.

En comparación con el 2016, el año pasado tuvo una reducción del 4% en los decesos por homicidios en Cali y, particularmente, los asesinatos en las barriadas de Aguablanca revelaron una disminución del 6%.

Las cifras, los fríos números de la Alcaldía, dan cuenta de una realidad que responde al masivo desplazamiento interno que ha vivido Colombia por décadas y que funcionó como el caldo de cultivo para el recrudecimiento de la violencia en ciudades como Cali.

La población de Aguablanca, proveniente del campo y de la Costa Pacífica, sufrió -y sufre- el reclutamiento de pandillas y grupos delincuenciales como Los Rastrojos, Los Urabeños y la extinta guerrilla de las Farc que impusieron un régimen de miedo en el que empuñar un arma parecía el único destino para la vida.

En esa lógica de guerra también se fijaron fronteras invisibles entre los barrios de las comunas 13,14,15,16 y 21 que, de manera implícita, los habitantes sabían que no podían cruzar.

Así, en una cotidianidad que obedece a patrones y códigos tácitos de violencia, se acostumbraron a vivir cientos de jóvenes que desde el 2005 encontraron en las composiciones de Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich y Antonio Vivaldi la herramienta ideal para romper las fronteras invisibles y evadir el reclutamiento forzado.

Desepaz es un barrio ubicado en la comuna 21 del Distrito de Aguablanca, uno de los sectores más vulnerables de la ciudad, habitado en su mayoría por familias que han sido víctimas del desplazamiento.

En este lugar, Proartes y la Orquesta Filarmónica de Cali, desde septiembre de 2005, trabajan para acercar a los niños y jóvenes al aprendizaje de la música clásica como parte de un proceso de transformación en los barrios más peligrosos de la ‘Sultana del Valle’.

Allí nació la Escuela de Música Desepaz (EMD), un refugio donde los menores ingresan a la edad de seis años y se gradúan cuando terminan el colegio. Un estudiante puede ser parte de la EMD por unos 11 años donde se educa por 20 horas semanales en jornadas contrarias a las escolares.  

En este contexto, el director de la Escuela de Música Desepaz, Hardinson Castrillón, le dijo a la Agencia Anadolu que: “estoy seguro que la escuela ha transformado muchas vidas en el Distrito de Aguablanca porque un joven egresado de este centro educativo fácilmente puede vivir de la música y planear su vida a través del arte. Educarse en una orquesta de música clásica es un principio de sociedad muy importante”.

El currículo académico está compuesto por cuatro programas: la banda sinfónica, donde los menores tienen la oportunidad de aprender a tocar instrumentos como el oboe, la flauta, la trompeta, los cornos, el fagot, la percusión, la flauta traversa, entre otros; el coro infantil (6 a 10 años) y el coro juvenil (11 a 17 años) en el que se enseña técnica vocal; la sección de cuerdas frotadas conformada por violines, chelos y contrabajos; y finalmente, el área de música tradicional donde se dan las pautas para aprender la percusión folclórica, cuerdas y la danza.

Detrás de estos programas están aprendices como el violista Marco Fidel Otero quien terminará su proceso en la EMD en pocos meses y se presentará en la Universidad de Antioquia para continuar con su carrera musical. Él, como otros 320 jóvenes que se encuentran en situación de riesgo por la exclusión social y la vulnerabilidad socioeconómica en Aguablanca, aspira a seguir instruyéndose en universidades y conservatorios.

En 13 años, la escuela ha graduado a 86 aprendices de los cuales 25 siguieron con la formación profesional de música en la Universidad de Antioquia y en la Nacional.

Según Hardinson Castrillón, la escuela se ha ganado el reconocimiento de todos los sectores del Distrito de Aguablanca incluido el respeto de los grupos delincuenciales y actores armados de la zona, los cuales han sido invitados para que dejen la violencia y se vinculen a este tipo de proyectos.

Castrillón, quien evita los lugares comunes para hablar de sus alumnos, insiste en que “los artistas y estudiantes no son perfectos. Uno encuentra de todo. No voy a caer en ese cliché. Pero hay algo que la escuela sí logra: le quita a las bandas delincuenciales la mano de obra”.

Tan es así -afirma Castrillón- que los jóvenes de barrios ajenos a Desepaz puede atravesar las llamadas fronteras invisibles que dividen la comuna 21 para asistir a la sede de la EMD.

Educar a un joven en la escuela tiene un costo de 3,5 millones de pesos al año, traducidos en 1.120 millones de pesos por los 320 alumnos.

Durante los 10 meses del año que cada aprendiz asiste a la escuela recibe 800 horas de entrenamiento. Pero esta labor va más allá de las buenas intenciones de los entes regionales y de la empresa privada.

Iniciativas como la Escuela de Música Desepaz exigen el respaldo Estatal -asevera Castrillón- y el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, no da señales de apoyar el proyecto.

Por lo mismo, el director de Desepaz instó al jefe de Estado colombiano para que revalide sus promesas de campaña en las que aseguró que estas iniciativas serían el eje de sus políticas culturales en el marco de la mentada economía naranja.

“La realidad autosostenible de la escuela es incierta y Duque no nos ha manifestado su respaldo”, asegura Castrillón.

Esto, en definitiva, es algo para tener en cuenta en un país como Colombia donde la economía naranja genera el 3,3% del PIB, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y movió, en el 2016, cerca de 2,6 billones de pesos.