Más de 2.000 personas allegadas al sector construcción marcharon en defensa de su gremio

En una marcha promovida por el sector de la construcción de viviendas en Manizales, sus integrantes alzaron su voz de propuesta para pedir garantías jurídicas. Esto se produce luego de que, en días pasados, el Juzgado Octavo de la capital de Caldas ordenó –con una medida cautelar– suspender las obras de Tierra Viva en cercanías a la reserva forestal Río Blanco.

Para este gremio, la decisión de suspender las obras de construcción ha traído una serie de dificultades. Según los propietarios de las firmas constructoras, se ven en la necesidad de licenciar a sus trabajadores porque no tienen dónde ubicarlos en otros procesos de construcción en Manizales. Además, se frustran los sueños de quienes compraron y le apostaron a vivir en la biociudadela La Aurora, en cercanías a la reserva forestal Río Blanco.

Dayana Mendieta, vocera y quien pertenece a la firma constructora de Felipe Calderón, manifestó:

“Con esta marcha, lo que quisimos mostrar es la necesidad del gremio de la construcción, en las agremiaciones y empresas (…) el objetivo de todo esto es solicitarle a la Justicia y autoridades competentes que hagan valer y respetar los derechos del trabajo, que la legalidad prime sobre lo formal. No es posible que por decisiones administrativas arbitrarias causen tanto daño, pues las cifras ya superan a más de 2.000 personas que están luchando para poder trabajar dignamente. Con esta protesta defendemos a capa y espada el trabajo digno de los trabajadores y de cada una de las firmas constructoras de Manizales”.

Por su parte, allegados a la iniciativa Todos Somos Río Blanco, indican que son respetuosos de las movilización ciudadana y social y en especial de las constructoras. Sin embargo, advierten que hay señalamientos agresivos por parte de algunos de sus voceros de enlodar el debate, que no es contra los constructores, ni contra las construcciones, ni la expansión urbana.

Darío Arenas, líder social, expresó: “Hoy dos visiones hay enfrentadas, pero además hay un grupo de académicos, ambientalistas, ONG y ciudadanos que hemos señalado la inconveniencia de construir en esta zona en particular. Además, las normas que a nuestro modo de ver no se están cumpliendo, ni acatando con la construcción en una zona que por ley debe tener una función diferente, y es aislar lo que pasa entre la reserva forestal y la ciudad. Pero lo que sí me parece muy preocupante es que se señale en medio de la marcha con nombre propio al concejal Carlos Mario Marín y a Darío Arenas, quien les habla, de ser los instigadores de unos daños y esto nos expone de manera peligrosa ante la comunidad”.

En este momento, las partes en el litigio esperan una respuesta de segunda instancia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas.