Recapturadas cuatro personas por irregularidades en contratos de instituciones educativas
El caso se dio en instituciones de Villavicencio, Meta.
El caso se dio en instituciones de Villavicencio, Meta.. Foto: Colprensa(Thot)
Los investigados habían sido dejados en libertad por el Juzgado 2° Penal Municipal Ambulante de esa ciudad el 5 de septiembre de 2018. Su recaptura se produjo tras la revocatoria de esa decisión por orden del Juzgado 2° Penal del Circuito de Villavicencio.
Una fiscalía especializada de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Villavicencio (Meta) logró la judicialización de cuatro personas presuntamente implicadas hechos de corrupción, a quienes un juez había dejado en libertad en septiembre pasado.
Se trata de Hugo Leonardo Ortiz Cárdenas, funcionario de la Alcaldía de Villavicencio; Elmer González González, representante legal de Asomaroquia (contratista); Néstor Hernando Romero García, gerente de las TIC en esa empresa; y Jaqueline Casallas Bautista, exempleada de Asomaroquia (tenía contrato por prestación de servicios).
Según la Fiscalía, los procesados estarían inmersos en las irregularidades relacionadas con el incumplimiento del convenio realizado el 11 de julio de 2016 entre la Alcaldía de Villavicencio —a través de la Secretaría de Educación— y la Asociación de Municipios de Amazonía y la Orinoquía (Asomaroquia), por un valor de $1.933’180.217, para la prestación del servicio de internet y conectividad a 149 instituciones educativas oficiales esa ciudad.
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En una presentación audiovisual ante el Juzgado 3° Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías, la Fiscalía socializó los elementos materiales probatorios que permiten inferir de manera razonable, la presunta responsabilidad de los investigados en la ejecución del convenio, en el cual se habrían falsificado diferentes documentos para desviar recursos públicos por un monto aproximado de $ 1.266´000.000, del total que tenía el contrato interadministrativo 0787.
La Fiscalía señaló que Asomaroquia habría subcontratado por carecer de idoneidad en cuanto a la experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar el contrato; para lo cual se presume que falsificó la firma de proveedores (por lo menos dos) y presentó autorizaciones falsas que habrían generado la consignación de dineros en las cuentas de las parejas sentimentales de Ortiz Cárdenas, funcionario de la Alcaldía, y de Casallas Bautista, servidora de Asomaroquia.
Adicionalmente, evidenció el ente acusador que la empresa subcontratada Predia Networt tampoco era idónea para prestar el servicio y habría comprado internet a un operador nacional, por paquete mensual de 102 megas y 150 megas en el último mes del contrato, pagando por este servicio 50 millones de pesos de los 819 millones que valía el subcontrato, desconociendo que debían entregar realmente 950 megas mensuales de conectividad a los colegios.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos contra los capturados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Ninguno aceptó su responsabilidad.
