Sancionan al recién posesionado director de la Unidad Asesora de Contratación de Cartagena

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Delegatura para la Protección, ordenó el 25 de mayo de 2015 practicar una visita administrativa de inspección a las instalaciones de la Alcaldía Mayor de Cartagena, con el fin de recopilar información relacionada con los procesos de contratación adelantados por la entidad.

En dicha visita, que se llevó acabo el 26 de mayo de 2015 por funcionarios comisionados para tal fin, se presentaron algunos hechos que para la SIC, habrían podido conllevar a la obstrucción de una actuación administrativa y/o a la inobservancia de las instrucciones impartidas por la entidad.

“La diligencia inició a las nueve de la mañana en las instalaciones de la Alcaldía con la presencia de los funcionarios comisionados por la Superintendencia de Industria y Comercio, los cuales fueron atendidos por Yeida Sofía Bula Dumar, asesora del despacho del alcalde. Bula les manifestó que el mandatario y el secretario general estaban en un comité, por lo que fueron remitidos a Adriana Patricia Hernández Alean, asesora de la Secretaría General de la Alcaldía, a quien se le comunicó el objeto de la diligencia y se le requirió información de la oficina de infraestructura relacionada con el organigrama del nombre de los funcionarios y contratistas, hojas de vida de quiénes han laborado en los últimos tres años y el inventario de los computadores asignados a funcionarios y contratistas”, cita el acta de la SIC.

Finalmente, fue Jorgly José Torres Ramos, asesor jurídico adscrito a la Oficina de Infraestructura, quien atendió la diligencia, y se le solicitó la información documental y electrónica sobre los procesos de contratación adelantados por dicha Alcaldía a través de la Secretaría de infraestructura, manifestando que se debía tomar testimonio y registro fílmico de las instalaciones de dicha entidad.

En estas grabaciones, para la Superintendencia, se evidencia la negativa del funcionario de suministrar la información, al punto que acudió a otros funcionarios, como el jefe de la oficina asesora jurídica de la Alcaldía para que le autorizara a entregar la información.

“En el curso de la diligencia de testimonios, Jorgly Torres procedió a revisar su computador para dar respuesta y así verificar lo concerniente a los procesos de contratación de la Alcaldía. Una vez finalizada la diligencia de testimonios, los comisionados le solicitaron que facilitara el mencionado equipo para su revisión y así obtener información sobre los procesos de contratación de la Secretaría de Infraestructura, solicitud ante la cual se negó rotundamente y argumentando que el equipo era de su propiedad y que en él se encontraba información de índole personal. Los funcionarios de la Superintendencia le indicaron que la información requerida correspondía a su labor en la Alcaldía y que la garantía de su derecho a la intimidad podía llegar a un escrito a la Superintendencia para solicitar la eliminación de la información de carácter netamente personal del expediente. Ante esto, Jorgly Torres manifestó requerir acompañamiento de la oficina jurídica”, explicó la Superintendencia de Industria y Comercio.

Pese a las observaciones y garantías brindadas a su información personal, el funcionario habría, al parecer, evadido su responsabilidad.

“(…) Salió de forma apresurada de la sala en donde estaban realizando la diligencia, llevándose el equipo de cómputo en el que se encontraba la información requerida por la entidad. Frente a la reiterada negativa por parte de este funcionario, los comisionados de la Superintendencia de Industria y Comercio se comunicaron con los asesores de la Alcaldía, a quienes les informaron lo sucedido y les solicitaron que se comunicaran con Torres para obtener y poder proseguir con la diligencia”, indicó la entidad.

En busca de incumplir su deber funcional, Torres Ramos llamó al secretario de Infraestructura y al jefe  de la Oficina Asesora Jurídica, para que diera las órdenes necesarias con el fin de que la diligencia fuera efectiva. Señala la Superintendencia que: “Dichas personas no llegaron a las instalaciones, siendo la conducta de sus funcionarios la que obstaculizó el desarrollo de la diligencia”.

Sanciones y multa

La actuación de Torres Ramos, para la SIC, configuró una obstrucción a la actuación adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de mayo de 2015, al no permitir a los funcionarios de la Delegatura para la inspección de la información que reposaba en su equipo de cómputo durante  la visita administrativa.

“En la grabación fílmica, se evidencia la negativa de Jorgly José Torres Ramos ante la solicitud de inspección de su computador a pesar de que los funcionarios de la Superintendencia le advertían las consecuencias de dicha negativa o el fundamento a la ley”, manifiesta la entidad.

Ante estos hechos, la Superintendencia determinó que Torres Ramos habría obstruido un trámite administrativo adelantado por esta entidad en los términos establecidos en la parte considera activa de la presente resolución. Además, le impuso una sanción pecuniaria por $22.130.510, equivalentes a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Que no fuera posesionado

Varios sectores de la ciudad, especialmente el gremio de ingenieros y arquitectos, le solicitaron al alcalde (e) Sergio Londoño,no nombrar ni posesionar a Jorgly Torres como director de la Unidad Asesora de Contratación, por considerar que la falta antes mencionaba no era garantía para que Torres Ramos cumpliera con transparencia sus funciones en tan importante cargo.

“Es alarmante y preocupante que un funcionario que estuvo en ese tema, específicamente como asesor jurídico de la Secretaría de Infraestructura en esa administración (…) siendo que es un asunto que está siendo investigado por todos los organismos de control (…) ahora haya sido nombrado jefe de una dependencia tan clave y proclive a las indelicadezas, la Unidad Administrativa de Contratación”, dijo el presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Cartagena.

Pese al llamado de ciudadanos, Londoño, posesionó a este funcionario, quien hoy es el encargado de asesora el tema contractual de Cartagena.