Se logra acuerdo para regularizar el contrato de la vía de La Prosperidad

Este martes doce de septiembre se logró un acuerdo entre el director nacional del Instituto Nacional de Vías, Invias, Carlos García Montes y la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes, para la normalización del contrato correspondiente a la ejecución de la Vía de la Prosperidad en este departamento.

El acuerdo para la regularización del contrato indica que el consorcio Ribera Este, terminará  únicamente los 17.5 kilómetros de la vía que ya se han intervenido y el puente sobre Caño Clarín. Para esto, el contratista tendrá como plazo hasta el mes de julio del 2018.

Con esta variación, el contrato reduce  su valor de $432.000 millones de pesos a un costo aproximado de $295.000 millones y para que adelante estas labores, se autoriza un costo adicional de $60.000 millones de pesos.

Indicó el director del Invias que con los $137 mil millones que quedan disponibles al reducirse el alcance contractual,  se definió de manera conjunta con la Gobernación del Magdalena, adelantar los estudios y diseños del estudio de impacto ambiental de las variantes de Palermo y Sitionuevo, así como los estudios y diseños correspondientes al tramo vial entre Sitionuevo, Remolino y Guáimaro.

Adicionalmente, se abrirá una licitación pública para contratar las variantes de Sitionuevo y Guáimaro, una vez obtenidas las licencias ambientales y todas las autorizaciones que se requieran para definir el proyecto en fase tres.

Por otro lado, la  gobernación del Magdalena se compromete a disponer de recursos del orden de los $100 mil millones de pesos, para seguir avanzando en la pavimentación de la vía. 

Según Carlos García Montes "dentro del desarrollo de este contrato Invias, va a hacer el giro de los recursos por $113 mil 500 millones a la Gobernación del Magdalena, en este mes de septiembre y con este giro, prácticamente, garantizamos el compromiso con las comunidades de no dejar la obra abandonada, se va a socializar este acuerdo con la Procuraduría General de la República como se hizo en el mes de enero, y a través de las veedurías ciudadanas será socializada también con las comunidades". 

Las conclusiones fueron presentadas por García Montes luego de una mesa de trabajo que se desarrolló de la mano de la Contraloría General de la República, a través del delegado de participación ciudadana Julio Andrés Ossa, el representante de las veedurías ciudadanas de Colombia, el doctor Pablo Bustos y la  Veeduría Ciudadana Especializada del departamento de Magdalena, representada por la doctora Jenny López.

De esta veeduría ciudadana también hacen parte, importantes instituciones del departamento del Magdalena, como la Cámara de Comercio, la Sociedad de Ingenieros, la Sociedad de Arquitectos,  la Universidad del Magdalena y Fenalco. Adicionalmente, también participaron el interventor de la obra consorcio e ICI y el contratista, Consorcio Ribera Este.