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Viceministra de Agricultura recibirá a campesinos de Toca para solucionar pago de tierras

Desde hace tres años, el antiguo Incoder les compró tierras a los campesinos que viven cerca de la represa La Copa y no les pagó. A otros, les aplicó medidas cautelares.

La viceministra de Agricultura, Marcela Urueña, dice a los campesinos de Toca que la busquen para solucionar el conflicto de pago de tierras. Foto: Redacción W Radio

Frente a la situación compleja que vienen enfrentando campesinos de Toca, Boyacá por el no pago de sus tierras y otros por las medidas cautelares que se les aplicó desde hace tres años por el antiguo Incoder, la viceministra de Agricultura, Marcela Urueña se mostró dispuesta a recibirlos personalmente en su despacho para ayudar a solucionar la problemática.

"Lo que le podemos decir a ellos (campesinos) es que me busquen personalmente y con el mayor de los gustos yo les ayudo a solucionar. (...) En el ministerio de Agricultura me buscan y allá estoy para servirles", dijo Urueña a La W.

Son 167 campesinos que fueron incluidos en las resoluciones que dejó hechas el antiguo Incoder que en consecuencia les embargó las tierras a los que no vendieron, y el no pago a otros que les compraron y que viene causando daños y perjuicios porque sus terrenos quedaron bloqueados sin poder sacar créditos para producción agrícola.

En este hecho, hasta la familia de la esposa del alcalde de Toca, Isaías Neira se vio afectada por el incumplimiento del Incoder. “Conozco el caso específico de mi suegro, él, les entregó la escritura y desde luego está en la oficina de instrumentos públicos porque así lo constata el año 2015, el hizo la escrituración, tres años después ni le han recibido, tampoco le han pagado”.

El 27 de noviembre de este año tras adelantarse un comité de verificación sobre el fallo del Consejo de Estado de marzo de 2015 sobre las medidas o proyectos que solucionen los problemas socio - ambientales que se evidencian en los predios cercanos al embalse La Copa en Toca, Boyacá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría llegaron a la conclusión que el 90 por ciento de las actividades para dar cumplimiento a la sentencia están paralizadas porque el Ministerio de Agricultura no ha realizado la adquisición de los predios para la ampliación de la misma represa y de paso salvaguardar los derechos colectivos de los ciudadanos que viven alrededor de la misma.

Lo que llamó en su momento la atención del delegado de la Defensoría del Pueblo, Julián Ricardo Gómez Ávila, fue que el apoderado del Ministerio de Agricultura, Israel Suárez Rivera llegó al comité, que se realizó en horas de la mañana de este 27 de noviembre, sin soportes probatorios ni documentales que permitiera hacer una verificación de lo que se ha hecho o no por parte de la entidad.

“Que a través de la Procuraduría Judicial se solicite en comunicación de esta audiencia al honorable Tribunal se solicite apertura del incidente desacato contra el Ministerio de Agricultura. (…) Por lo que veo la única forma de hacer que el Ministerio se apersone de lo que está ocurriendo, en este sector, es que la misma jurisdicción contenciosa lo obligue al cumplimiento de sus órdenes”, dijo Gómez Ávila.