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“Incremento de cargos en Procuraduría no cumple fallo de la CIDH”: Rodrigo Uprimny

En La W, el abogado Rodrigo Uprimny se refirió al contrato que sumó 1.200 cargos en la Procuraduría el pasado 24 de diciembre.

“Incremento de cargos en Procuraduría no cumple fallo de la CIDH”: Rodrigo Uprimny

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Colombia

En diálogo con La W, el jurista, investigador y constitucionalista Rodrigo Uprimny se refirió a la polémica que surgió por el decreto que crea cargos nuevos en la Procuraduría General de la Nación, según el Gobierno Nacional en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La polémica se desató tras la ABC de la eliminación de cargos de roaming entre Colombia y países de la CAN, por parte del presidente Iván Duque, bajo el cual se adicionan 1.200 cargos nuevos a la entidad.

En contexto:

La norma establece que entre los nuevos cargos a crear se encuentran 20 asesores nuevos para el despacho de la procuradora Margarita Cabello, un director en el despacho del viceprocurador, 10 nuevos procuradores delegados, 32 procuradores regionales, un procurador distrital, entre otros.

Por su parte, la Procuraduría le salió al paso a las críticas y explicó, a través de un comunicado de diez puntos, que el Decreto busca dar cumplimiento al fallo de la CIDH del 8 de julio de 2020, que llevó a la separación de las funciones en la entidad.

Al respecto, Uprimny explicó en La W por qué considera, como lo había anticipado desde hace varias semanas, que la creación de estos cargos es una manera de “tomarle el pelo” a la sentencia de la CIDH.

“La esencia de este fallo es que la CIDH reiteró que la privación de derechos políticos o su suspensión solo puede hacerse con sentencia de un juez competente en un proceso penal. Es decir, no se puede suspender o destituir a un funcionario electo por un órgano que administrativo y no judicial (…) la Procuraduría no es un órgano judicial, es de control, pero su naturaleza es administrativa”, explicó el jurista.

Así, el constitucionalista explicó que la lógica de esta norma no es un formalismo innecesario, sino que busca interponer entre los derechos políticos y su privación a un funcionario independiente y no que dependa de organismos administrativos, pues se presta para persecuciones políticas.

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