Zipaquireños están en riesgo de quedarse sin hogar

Zipaquirá

Un grupo de familias en Zipaquirá están viviendo una pesadilla. En 1993, Mariano Enrique Porras, quien en su momento era concejal del municipio, les ofreció a aproximadamente 500 familias unos predios, que supuestamente eran de su propiedad.

Estas familias pagaron más de 2 millones de pesos e invirtieron sus ahorros para construir sus casas. Después de demoras injustificadas en la construcción, los miembros de la comunidad interpusieron una denuncia, lo cual terminó en la captura y condena de Porras por el delito de estafa y se le acusó de configurar urbanizaciones piratas.

Johana López, representante legal de la comunidad Ciudad Jardín, explicó en La W que en su momento conciliaron con Porras y pagaron otra suma de dinero para comprar nuevamente el terreno. En 2001, el Juzgado Penal de Zipaquirá entregó las escrituras correspondientes en donde inició la posesión real de los predios.

En 2004, los herederos de la propietaria original del predio interpusieron una demanda para recuperar el terreno, argumentando que Porras jamás había pagado el terreno. Johana resaltó que en ningún momento fueron incluidos dentro del proceso judicial en donde se ordena la restitución del bien.

Después de varios recursos, los derechos adquiridos fueron reconocidos por un juez quien los nombró como secuestres del bien. En 2018, el Tribunal de Cundinamarca reversó la decisión y ordenó llevar a cabo el proceso de desalojo “sin posibilidad de oposición alguna”.

La comunidad ha aplazado los distintos intentos de desalojo argumentando que no tienen garantías.

El alcalde de Zipaquirá, Wilson García, reiteró que la Alcaldía es solidaria con la comunidad, por lo cual han llevado a cabo distintos estudios para garantizar una vivienda digna a los habitantes de Ciudad Jardín. Resaltó que la orden de desalojo no está a cargo de la alcaldía ni la administración municipal y debe cumplir con las órdenes impuestas por el juez ordinario.

La comunidad ha insistido que la Alcaldía podría implementar un proyecto de acuerdo para declarar de utilidad pública este terreno lo cual garantizaría una vivienda digna para los ciudadanos. Johana resaltó que el Concejo le ha dado viabilidad a esta posibilidad e incluso han propuesto la creación de un empréstito para la compra del terreno.

Por otro lado, el alcalde explicó que el proyecto no puede llevarse a cabo ya que la ley establece que “para poder legalizar un asentamiento humano el proyecto debe estar fuera de cualquier tipo de litigio legal”. Sin embargo, Johana argumentó que la ley dispone la posibilidad de poder llevarlo a cabo cuando los propietarios del predio no lo han podido adquirir.

A su vez, el alcalde aclaró que no estamos frente una especulación de precios ya que el avalúo del precio fue calculado por la Inmobiliaria de Cundinamarca en donde se calculó un valor de 10 mil millones de pesos.

El tiempo pasa y la posibilidad de que estas familias sean desalojadas es cada vez mayor