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Fiscalía investiga licitación que motivó el fin de la Junta de Licitaciones de la Procuraduría

El enfrentamiento entre los miembros de los comités técnicos y la Junta de Licitaciones que denunciaron al asesor Aníbal Anaya se zanjó con la decisión de derogar la Junta.

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Con dicha decisión, la procuradora Cabello dilapidó los controles a la hora de contratar por parte de la entidad

Investigación W:

Colombia

La W conoció que en poder de la Fiscalía General de la Nación se encuentra una denuncia presentada por funcionarios del comité de evaluación de la Junta de Licitaciones de la Procuraduría.

Dicha denuncia da cuenta de una presunta manipulación de los resultados de una millonaria licitación por 6.111 millones de pesos para el mantenimiento de sus sedes, así como la instalación y mantenimiento de aires acondicionados.

Según el documento, durante el proceso, el Comité Técnico nombrado por la Junta de Licitaciones realizó la evaluación de cinco ofertas para dicho proceso, el cual fue debidamente calificado. Sin embargo, durante una reunión virtual, un alto asesor de la procuradora Margarita Cabello, Aníbal Anaya, compartió por error pantalla de su computador y dejó ver un chat de WhatsApp en el que compartía el archivo de dicha evaluación del comité técnico con la polémica exsecretaria general del Municipio de Soledad (Atlántico), Erika Escaf,

Cabe recordar que Escaf fue sancionada por la Procuraduría por irregularidades en contratación y ahora es asesora de la OEI y supervisora de contratos de la Procuraduría. Por ello, esta situación fue denunciada por los funcionarios del Comité de la Junta de Licitaciones.

La W consultó a miembros de dicho Comité que, aunque prefieren guardar silencio a los medios porque la situación investigación está en manos de la Fiscalía, explicaron que, después de esa filtración, se alteraron los resultados publicados en el portal Secop. Así, quedó en primer lugar una Unión Temporal conformada por dos empresas de Barranquilla y que habían sido contratistas de la USPEC, en donde casualmente Escaf, quien recibió dicha información privilegiada, fue contratista y, según el Departamento de la Función Pública, aparece como asesora en la actualidad.

Este enfrentamiento entre los miembros de los comités técnicos y la Junta de Licitaciones que denunciaron al asesor Anaya se zanjó con la decisión de la procuradora Cabello de derogar, vía decreto, la Junta de Licitaciones y adquisiciones el pasado 24 de diciembre.

Con dicha decisión, la procuradora Cabello dilapidó los controles a la hora de contratar por parte de la entidad.

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