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Siete magistrados de la Corte Suprema serían revocados por el Consejo de Estado

La semana entrante se presenta ponencia anulando la elección de la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia y sumiendo en una crisis al más alto tribunal del país.

Siete magistrados de la Corte Suprema serían revocados por el Consejo de Estado

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La semana entrante se presenta ponencia anulando la elección de la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia y sumiendo en una crisis al más alto tribunal del país.

Colombia

La Corte Suprema de Justicia podría perder a siete de sus magistrados por una decisión del Consejo de Estado.

La semana entrante, el magistrado Luis Alberto Álvarez, de la sección quinta del Consejo de Estado, presentará ponencia sobre una demanda que pide la anulación de la elección de casi el 30 por ciento de la Corte Suprema de Justicia.

La ponencia sería favorable a la anulación de la elección de los magistrados:

  • Francisco José Ternera, magistrado de la Sala Civil
  • Hugo Quintero Bernate, magistrado de la Sala Penal
  • Fabio Ospitia Garzón, magistrado de la Sala Penal
  • Gerson Chaverra Castro, magistrado de la Sala Penal
  • Ómar Ángel Mejía, magistrado de la Sala Laboral
  • Iván Mauricio Lenis, magistrado de la Sala Laboral
  • Luis Benedicto Herrera, magistrado de la Sala Laboral

¿Cuál es la razón de la demanda que tumbaría la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia y causaría un tsunami en la rama judicial?

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Los demandantes alegan que la Corte Suprema de Justicia no tenía el número mínimo de miembros reglamentarios cuando eligió estos magistrados.

Algunos de ustedes recordarán que hace dos años la Corte fue perdiendo miembros que no fueron remplazados oportunamente por discusiones sobre la sucesión al interior de la corporación.

La Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia escoge a sus miembros de una lista de juristas elegibles preparada por el Consejo Superior de la Judicatura.

También dice que la Corte Suprema debe darse su propio reglamento. Ese reglamento establece que la elección de sus magistrados debe efectuarse por las 2/3 partes del tribunal. Como son 23 miembros, las 2/3 partes son 16 magistrados.

Sin embargo, por ese tire y afloje que vivió la Corte Suprema en 2020, el 27 de febrero de ese año se quedaron apenas con 15 magistrados. Ese día terminó el período de Ariel Salazar, justamente uno de los que tenía bloqueada la elección de nuevos miembros.

Necesitaban 16 para elegir, de acuerdo con el reglamento, pero solo había 15. Es decir, era un problema sin solución.

Así las cosas, la Corte estudió tres caminos posibles:

  1. Elegir un conjuez para completar los 16 miembros y votar aprobando la modificación del reglamento. Pero las normas establecen que los conjueces son para temas judiciales y no administrativos. Luego la solución era ilegal.
  2. Modificar el reglamento aplicando las 2/3 partes de la Corte que quedaba es decir 10 de 15. Pero no podían cumplir con eso porque ese trámite modificatorio debe hacerse en dos sesiones ordinarias de la sala plena, citada expresamente para eso, y ellos estaban en una sesión extraordinaria buscando solucionar el problema.
  3. Interpretar el reglamento para elegir a los magistrados faltantes con los que quedaban y así solucionar el vacío.

La Corte Suprema decidió aplicar esa tercera alternativa por unanimidad. Es decir, los 15 jueces de mayor jerarquía del país, en la jurisdicción ordinaria, concluyeron unánimemente que la mejor vía era interpretar el reglamento, que la Constitución les autoriza a darse a sí mismos.

Al día siguiente fueron elegidos estos siete magistrados que han actuado desde entonces.

Sin embargo, un grupo de abogados demandó la elección, ante el Consejo de Estado, argumentando que la Corte Suprema no podía elegir nuevos magistrados hasta que tuviera 16 miembros. Una verdadera sinsalida porque, como les he contado, habían quedado 15.

Ya la Procuraduría conceptuó dentro del proceso que la Corte Suprema de Justicia actuó en derecho cuando designó a los altos jueces.

Sin embargo, la ponencia del Consejo de Estado se vislumbra favorable a la nulidad, lo cual dejaría por fuera a estos magistrados a quienes les faltan seis años para terminar su período constitucional.

El único antecedente de un vacío de estas proporciones en la historia sucedió cuando el M-19 realizó la criminal toma del Palacio de Justicia, seguida la salvaje contratoma militar: Ahí murieron 11 de los magistrados de la Corte Suprema y fue necesario que el presidente de la época Belisario Betancur nombrara, por facultades extraordinarias, el remplazo de los asesinados.

¿Se imaginan lo que puede pasar si el Consejo de Estado descabeza a la tercera parte de la Corte Suprema de Justicia y si jueces independientes tienen que ser remplazados por un plumazo del presidente saliente Iván Duque?

Desconozco los argumentos de la ponencia del señor magistrado del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, pero lo cierto es que el único ganador sería el agonizante gobierno de Iván Duque al que le quedan 46 días.

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