La empresaria Katherine Loaiza Galeano responde a denuncias de socios y exempleados

Colombia

Los testimonios de los denunciantes de millonarias deudas por parte de Katherine Loaiza Galeano coinciden: a varios que trabajaron con ella no se les hacía firmar un contrato ni laboral ni de prestación de servicios. Al contrario, varios dicen que se les obligaba a firmar un contrato de confidencialidad, lo cual ha dificultado la interposición de las denuncias por incumplimiento en el pago de salarios.

Los casos van desde un festival de música fallido, lotes producto de cosméticos que presuntamente no cumplirían con los requisitos exigidos en la ley o amigos de la juventud que invirtieron dinero en sus empresas y no volvieron a saber de su inversión.

Para Katherine Loaiza, esta situación no es nada más que un ataque sistemático de algunos empresarios quienes buscan afectar su buen nombre. Entre los denunciantes están la reconocida modelo y empresaria Paola Turbay, así como Luis Andrade, Álvaro Potes, Hilary Vanegas, Alejandro García, Karim Raymond y Jessica Rodríguez.

Ella aseguró que todo empezó con el concierto Hot in Paraíso, que no funcionó y del que ella también perdió 1.000 millones y respondió a los proveedores. Por ello, asegura que, así como ella perdió también lo hicieron Luis Andrade y Álvaro Potes.

“En 2019 se acercaron Luis Andrade con su abogado y me dice que si yo no le devuelvo los 93 millones él va a acabar mi reputación y me hace dos amenazas más”, aseveró.

Entre tanto, fuera de micrófonos Loaiza insistió que ganó una acción de tutela contra el abogado Fabio Humar, ya que, a su juicio, se trata de un caso de injuria y calumnia. W Radio solicitó copia del fallo del juez y en primera y segunda instancia se “declaró improcedente el amparo de tutela impetrado por la ciudadana Katherine Loaiza Galeano”.

En la W Jessica Rodríguez aseguró que a ella le deben alrededor de 7 millones de pesos, por más de 1.000 pestañinas pues firmó un contrato de maquila por este producto cosmético hace dos años. “Ella nunca me cumplió el contrato y yo no he tenido mi producto”, dijo Rodríguez.

Ante esto Loaiza respondió que “un producto puede tomar en desarrollo 6 meses, 8 meses, año y medio o dos años y de ahí ir a producción y este producto está en proceso”.

En cuanto al tema de los exempleados Loaiza enfatizó: “no tengo conocimiento durante estos 15 años de que a un empleado no se le haya pagado ni salario ni prestación”, argumentó.

Quedan muchos interrogantes que no se pudieron aclarar en la entrevista:

¿Por qué varias de sus empresas, incluyendo el laboratorio, están inscritas en una misma dirección en Bogotá?

¿Por qué amenazan a los empleados con interponer demandas por extorsión cuando estos piden que se les pague el dinero adeudado?