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Renuncia de Diana Cardona: razón de aplazamiento de adjudicación del Canal del Dique

La historia que no contó el presidente de la ANI y que lo obligó a dejarle al gobierno entrante la billonaria decisión.

Renuncia de Diana Cardona: razón de aplazamiento de adjudicación del Canal del Dique

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Canal del Dique. Crédito: Caracol Radio.

Colombia

Refiriéndose al súbito aplazamiento de la billonaria adjudicación del Canal del Dique, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez dijo ayer aquí en La W: “Paramos, paramos por un día. Yo solicité directamente que se parara, porque llegó un reporte de la Contraloría General”.

La declaración del presidente Gutiérrez oculta la verdadera razón que lo obligó a dejarle la decisión del megacontrato al gobierno de Gustavo Petro.

APP del Canal del Dique ya no se adjudicará este viernes 5 de agosto: ANI

16:32

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Lo último sobre el Canal del Dique:

Horas antes de hablar con La W, exactamente al terminar la tarde del miércoles 3 de agosto, la funcionaria encargada de firmar la adjudicación renunció a su cargo porque se oponía a que la licitación por 3.2 billones fuera entregada por el gobierno saliente.

Esa funcionaria es la vicepresidenta de estructuración de la ANI, Diana Cardona, quien en una ejemplar actitud prefirió dejar su trabajo de 11 años antes que firmar una adjudicación contraria a lo que le indicaba su conciencia.

En carta de renuncia, la alta funcionaria sostiene que está segura de que el proceso de licitación ha sido correctamente adelantado, sin embargo, afirma que la adjudicación debe ser examinada por el gobierno entrante por estas razones:

  1. Porque las comunidades afectadas por la obra se oponen y porque miembros del próximo gabinete han pedido que no sea el gobierno Duque el que otorgue la concesión.
  2. Por la existencia de una comunicación de la Contraloría solicitando aclaraciones a la oferta del único proponente Sacyr.
  3. Porque Sacyr podría estar inhabilitado por la sanción que recibió en España por 16.7 millones de euros por prácticas restrictivas de la competencia. Por esa razón podría estar infringiendo la ley de soborno transnacional que le impediría contratar con el estado colombiano. La funcionaria renunciante deja constancia en su carta de que pidió expresamente que la Superintendencia de Sociedades examinara la situación, pero el presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez no estuvo de acuerdo con la consulta.
  4. Por las comunicaciones de la Procuraduría, la Defensoría y la JEP en donde piden a la ANI una audiencia para socializar el proyecto.

El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, decidió aceptar la renuncia y declarar aquí públicamente que él era quien proponía aplazar la adjudicación cuando la verdad es que todo este tiempo presionó para hacerla antes del 7 de agosto. Es decir antes de que terminaran su administración y el gobierno de Iván Duque.

El doctor Manuel Felipe Gutiérrez dijo algo que no es cierto. Refiriéndose a la metadata de la primera adenda de aplazamiento en la que aparece como autora Katherine Henao Montoya, quien desde hace unos días no está vinculada a la ANI, atribuyó el hecho a que se había trabajado sobre un borrador dejado por ella.

La metadata no opera así. Esa huella electrónica muestra a Katherine Henao como la autora y la persona que modificó el documento después de las 7 de la noche del miércoles. No hay rastro de creación anterior. Esta evidencia solo puede indicar:

  • O que una persona que ahora trabaja para la empresa OHLA tuvo acceso a los documentos de adjudicación cuando su nuevo empleador ha tenido interés en el Canal del Dique.
  • O que alguien usó los privilegios de acceso de una persona que ya no está en la ANI y de esta manera desapareció la huella electrónica del verdadero autor de la adenda.

La abogada Katherine Henao Montoya no es tan irrelevante como quiso pintarla ayer el presidente de la ANI. Antes de entrar a la agencia estatal ya había estado vinculada al grupo OHL.

En los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá ella, junto con otro abogado, es la persona que constituye la empresa OHL Infraestructuras S.A.S. en junio de 2019.

OHLA, en una de cuyas filiales también trabajó el presidente de la ANI, hace parte con Sacyr del grupo de empresas multadas en España con más de 200 millones de euros por hacer acuerdos ilegales para ganar licitaciones públicas apelando a prácticas restrictivas de la competencia.

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