Viceministro de Interior (e) tiene señalamientos por presuntas irregularidades en contrato
El nuevo viceministro (e) del Interior, Álvaro Echeverry Londoño, enfrenta cargos por irregularidades en un contrato de $61.900 millones de pesos con Telecafé.
Imagen de referencia de firma de contrato. Foto: Martin Barraud / Getty Images / Martin Barraud
Tras la renuncia de Diego Andrés Cancino Martínez al cargo de viceministro general del Interior, se designó temporalmente a Álvaro Echeverry Londoño en el cargo para asegurar la continuidad y el cumplimiento de las funciones del puesto hasta que se designe al titular oficial de dicho despacho.
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Sin embargo, anteriormente, la Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Echeverry Londoño por presuntas irregularidades en un contrato firmado entre el Ministerio del Interior y Telecafé en 2023. La investigación también involucra al exsecretario general del Ministerio, Juan Manuel Reyes Álvarez y a Martín Fernando Montoya García, exgerente de Telecafé.
Dicho contrato, suscrito el 24 de marzo de 2023, tenía un valor superior a $61.900 millones de pesos. Sin embargo, la Procuraduría señaló que la empresa Telecafé no contaba con la idoneidad técnica ni la capacidad física para cumplir con las obligaciones del contrato, que incluían la operación logística de eventos y actividades.
Por ello, de acuerdo con la investigación, Telecafé subcontrató la totalidad de los servicios a seis empresas diferentes, por un monto de $57.000 millones de pesos, sin dejar ninguna de las responsabilidades del contrato original a su cargo. Esto sugiere que la entidad actuó como un intermediario en lugar de cumplir directamente con los términos del convenio, eludiendo así el proceso de selección adecuado.
El pliego de cargos contra el ahora viceministro general encargado del Interior, Álvaro Echeverry, se basa en su papel en la elaboración del estudio previo y la justificación del contrato, en la que se afirmó erróneamente que Telecafé tenía la capacidad necesaria para ejecutar las obligaciones.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ha calificado provisionalmente las conductas de los investigados como gravísimas a título de culpa gravísima.
