“No quieren ceder poder”: polémica por reforma política y elección de magistrados del CNE
La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) y el representante Heráclito Landinez (Pacto Histórico) debatieron en La W sobre el artículo de la reforma política que mantiene la elección de los magistrados del CNE en el Congreso.
“No quieren ceder poder”: polémica por reforma política y elección de magistrados del CNE
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La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) y el representante Heráclito Landinez (Pacto Histórico)
Esta semana se radicó en el Congreso la ponencia de la reforma política del Gobierno del presidente Gustavo Petro, y dos puntos clave ya han generado polémica: por un lado, la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la eliminación de la sanción de pérdida de investidura para políticos que incurran en delitos electorales, como la violación de los topes de campaña.
Durante un debate en La W, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) y el representante Heráclito Landinez (Pacto Histórico), ponente del proyecto, se refirieron a ambos temas. Lozano criticó la decisión de mantener la elección de los magistrados del CNE a través del Congreso, incluso después de una convocatoria pública, pues no se garantiza la imparcialidad de quienes investigan a los políticos.
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De hecho, esto cobra mayor importancia en medio de la formulación de cargos desde el CNE a la campaña del presidente Gustavo Petro, que ha despertado múltiples opiniones sobre la idoneidad del organismo para investigar al jefe de Estado.
Según la senadora Lozano, la falta de un cambio en el proceso de elección es preocupante, ya que deja en manos de los mismos políticos la elección de los magistrados encargados de vigilar sus campañas y posibles irregularidades.
Por otro lado, el representante Landinez defendió la reforma. Sobre la eliminación de la sanción de pérdida de investidura para los políticos que violen los topes de campaña, Lozano dijo que esta medida sería un error grave, ya que flexibilizaría las sanciones y, en su opinión, beneficiaría a quienes deben ser responsables por las irregularidades en sus campañas.