“Nos refugiamos en el Estado porque nos falló”: vocera de la Cumbre Nacional Popular por protestas

Bogotá

Organizaciones populares, campesinas, afrodescendientes e indígenas, articuladas en la Cumbre Nacional Popular y el Congreso de los Pueblos, completan más de cuatro días asentadas en sedes de entidades públicas como la SAE, el Ministerio de Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación.

“Nos estamos refugiando en el Estado porque el Estado nos ha fallado”, afirmó Juliana Ramírez, vocera de la Cumbre, en diálogo con La W.

Según explicó, las ocupaciones que los manifestantes llaman refugios humanitarios son una respuesta al deterioro de los derechos humanos en los territorios, la expansión del paramilitarismo y los reiterados incumplimientos de acuerdos con las comunidades.

“No es ajeno al país lo que pasa con los liderazgos sociales, los desplazamientos y la avanzada del paramilitarismo”, dijo Ramírez, quien asegura que el objetivo es llamar la atención sobre una “emergencia humanitaria inminente”.

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¿Qué reclaman las organizaciones?

Las organizaciones exigen al Gobierno una atención urgente frente a la violencia contra líderes sociales y comunidades rurales, así como el cumplimiento de más de 170 mesas de concertación que —según ellos— no han tenido avances reales.

“Tenemos acuerdos históricos sin cumplir, mesas sin resolver y territorios sin garantías. Por eso estamos aquí”, agregó Ramírez.

Entre sus peticiones también está la revisión de la política de seguridad y la implementación de estrategias de paz más efectivas en los territorios.

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Cuestionamientos por las tomas

El carácter de las protestas ha generado controversia, en especial por la ocupación de edificios públicos. Funcionarios de algunas entidades denunciaron restricciones para ingresar a sus lugares de trabajo, mientras que ciudadanos reportaron temor por los bloqueos.

Frente a estas críticas, Ramírez respondió: “Aquí nadie se sacó a la fuerza. Estos espacios son públicos y deben servir para atender al pueblo”.

La vocera también rechazó las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien advirtió que las protestas podrían estar infiltradas.

“Los que criminalizan son ustedes, los medios y el Estado (...) En Colombia hay una criminalización sistemática de la protesta. Nos tratan como enemigos por ejercer el derecho a la movilización”, añadió.

¿Cuáles son los avances en el diálogo?

Pese a la tensión, los movimientos aseguran que el proceso de interlocución con el Gobierno Nacional ya comenzó.

“Iniciamos conversaciones que avanzan en buen término”, explicó la vocera. Según ella, se busca construir un proceso de largo plazo que permita generar “propuestas de país” y atender los pliegos de exigencia de las comunidades movilizadas.

Sin embargo, advirtió que las acciones continuarán hasta que se materialicen compromisos concretos. “No se trata de promesas nuevas, sino de cumplir lo que ya está firmado”.

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