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Investigarán en Panamá actividades de religiosos costarricenses

Ciudad de Panamá, (DPA) - Autoridades del Ministerio Público de Panamá recibieron una solicitud de investigación sobre transacciones realizadas por la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), a través de empresas registradas en territorio panameño, reveló la prensa local.

Ciudad de Panamá, (DPA) - Autoridades del Ministerio Público de Panamá recibieron una solicitud de investigación sobre transacciones realizadas por la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), a través de empresas registradas en territorio panameño, reveló la prensa local.

La investigación fue solicitada por la Fiscalía Especializada en Fraudes de Costa Rica, que pidió a la procuradora general de ese país, Ana Lorena Esquivel, la tramitación de una asistencia legal urgente a Panamá.

El procedimiento está dirigido a determinar las actividades de cuatro empresas registradas en Panamá por la firma de abogados Icaza, González, Ruiz & Alemán. A través esas compañías, habrían sido movidos 58,9 millones de dólares.

Autoridades costrarricenses pidieron a Panamá la localización de los domicilios de las sociedades Sarita Traiding, Servicios Pastorales Latinoamericanos, Indalia Holding y Servicios Bursátiles Internacionales, y que sea levantado el "secreto bancario" que ampara la confidencialidad de sus cuentas.

Las cuatro empresas ejercían, presumiblemente, la intermediación financiera en combinación con la CECOR, para comprar, vender y negociar artículos de consumo, acciones de capital, bonos y valores, y compra y ventas de bienes muebles o inmuebles.

Sin embargo, la ley orgánica del Banco Central de Costa Rica establece sanciones hasta por seis años de cárcel a quienes realicen o promuevan, desde negocios particulares, la intermediación financiera sin estar autorizados por la entidad reguladora.

La CECOR exigió una investigación imparcial y objetó la orden de levantamiento del "secreto bancario" sobre las actividades en Costa Rica. Representantes del organismo religioso adujeron que la orden fue emitida sin una debida fundamentación jurídica.