El pasado lunes fue detenido, al norte de Bogotá, un vehículo con $600 millones que era conducido por
Luis Javier Rojas Morera, hijo de la suspendida directora Financiera del Senado de la República, Magdalena Morera. (
Militar que decomisó dinero en vehículo del Congreso afirma que intentaron sobornarlo)
Dicho vehículo estaba registrado a nombre del
Senado de la República, sin embargo, como se conoció, éste había sido dado de baja y subastado por la Corporación, a través de la empresa
Comercializadora Nave Ltda.
A raíz de este episodio, se supo que
69 vehículos del Senado, enajenados entre 2012 y 2014, no fueron traspasados por la empresa a sus nuevos dueños, y siguen circulando sin autorización con placas y matriculas oficiales.
En la tarde de ayer jueves, la Cámara de Representantes reveló que, en su caso, hay 65 vehículos que fueron vendidos, sin que a la fecha se haya completado el
proceso de traspaso; 41 de estos vehículos, en el marco de un contrato con la misma comercializadora (Nave Ltda.).
(Lea también:
Dinero encontrado en vehículo en Bogotá sería del Clan Úsuga)
La preocupación es que esta empresa comercializadora estaría vendiendo
vehículos oficiales, y en ciertos casos blindados, en los que se podrían estar cometiendo ilícitos, como en el caso de los 600 millones que, de acuerdo con la autoridades, estarían vinculados a la actividad de
bandas criminales.
Nave Ltda. no solo ha tenido contratos con el Congreso, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección y la Presidencia de la República, como ya ha sido registrado por los medios de comunicación; La W Radio conoció una
lista de entidades que también han tenido vínculos contractuales con esta sociedad, entre las que se encuentran la Fiscalía, la Procuraduría, la DIAN, el SENA, la Armada Nacional, Migración Colombia, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, la Agencia Nacional del Espectro, las alcaldías de Armenia, Tunja y Puerto Boyacá; el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y el desaparecido DAS.
Fuentes de La W aseguraron que en las auditorías hechas a los contratos de la firma con la Unidad Nacional de Protección,
la Contraloría habría puesto en evidencia una situación similar a la registrada en el Congreso. (
Alexander García ha tenido vínculos con "Cuchillo" y el "Loco Barrera": Claudia López)
¿Quién está en cabeza de la Comercializadora Nave Ltda?
Se trata del señor
Nazareno Conrado Moreno, un guajiro, ingeniero industrial con especialización en evaluación y desarrollo de proyectos. Ha sido jefe de almacén de la Clínica del Niño y jefe de servicios generales del fondo del Desarrollo Rural Integrado (DRI).
En 1992 se lanzó como candidato a edil de la
localidad de Puente Aranda, pero no salió elegido. En 1994 se volvió a lanzar y salió electo. También fue candidato al Concejo de Bogotá, en el año 2007 en la lista del Partido Verde Opción Centro, obteniendo 2.932 votos.
Políticos del departamento de La Guajira aseguran que, cuando
Amilkar Acosta se lanzó al Senado, Conrado Moreno se lanzó a la Cámara por Bogotá y habría apoyado la candidatura.
La W indagó en la Fiscalía General de la Nación y encontró que
Nazareno Conrado está siendo investigado por los delitos de hurto calificado, falsedad material en documento público y favorecimiento de contrabando. Además tiene dos procesos inactivos por inasistencia alimentaria.
Carros blindados sin permiso en manos de la criminalidad son una amenaza real: Supervigilancia
(Escuche la entrevista:
Autos blindados deber ser utilizados de forma apropiada: supervigilancia)
El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Carlos Mayorga, explicó en La W que la utilización de vehículos con blindaje superior al 3 da unos beneficios al usuario, por lo que esto "en manos de la criminalidad resultaría ser una
amenaza real a la seguridad ciudadana".
Sobre las denuncias de que estos vehículos, que antes estaban en manos del Congreso, ahora se encuentran en poder de particulares que no han realizado el traspaso, Mayorga indicó que en octubre del 2015 se le quitó el permiso de blindaje a
96 de estos vehículos y se notificó a las autoridades de Tránsito y al Ministerio de Transporte que debían ser inmovilizados.
"La resolución se hace luego de una denuncia de los medios de comunicación en 2014 y ese mismo año la Superintendencia realiza cuatro diligencias y visitas para determinar las
condiciones en las que se dio la venta de estos vehículos del Senado de la República", dijo Mayorga.
Sin embargo, la inmovilización de esos vehículos no es tan fácil como parece. El Superintendente explicó que circular en un vehículo blindado, y sobre todo si es de placa oficial, supone unos beneficios para el conductor. "Si es detenido en un retén, debe trasladarse con su ocupante a una unidad de policía para
salvaguardar la vida del protegido y ahí sí hacer el trámite de revisión del vehículo", aclaró. También cuentan con excepción del pico y placa y una menor cantidad de controles por parte de las autoridades.
