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Alcaldía de Cúcuta niega irregularidades en contratación para alimentación escolar

El Secretario de Bienestar Social de esa ciudad dijo desconocer la cercanía del alcalde César Rojas con contratista.

Comedor comunitario/ Imagen referencia. Foto: Colprensa.

El secretario de Bienestar Social de Cúcuta, Telésforo Blanco, negó que en un convenio firmado por la Alcaldía de esa ciudad para el Programa de Alimentación Escolar hayan existido irregularidades, a pesar de las denuncias de veedurías y concejales sobre la cercanía del alcalde César Rojas Ayala con uno de los contratistas de la Unión Temporal ganadora. 
 
El contrato, por más de $19.400 millones, fue firmado el pasado 29 de febrero y supone una inversión por parte del Municipio de más de $19.053 millones y por parte de la Unión Temporal "Dadles vosotros de comer" de más de $381 millones. El contrato fue adjudicado de forma directa, sin licitación de por medio, por lo que en la ciudad se habla de que el contratista fue "escogido a dedo". 
 
Lo que llama la atención de este convenio es que uno de los miembros de la unión temporal es la Corporación Paz y Futuro, cuestionada por la ministra de Educación, Gina Parody, por el supuesto cobro de estudiantes fantasmas en Córdoba y Norte de Santander. 
 
Pero las denuncias van más allá de contratar con una entidad públicamente cuestionada por la misma ministra Parody. Según la Veeduría por la Defensa del Ciudadano, el representante legal de la Corporación Paz y Futuro, Antonio Manrique, es cercano al alcalde Rojas e incluso juntos compraron dos lotes en Santa Marta. 
 
Sobre esto, el concejal Oswaldo Rincón, del Partido Verde, presentó a La W las escrituras de estos lotes en los que se evidencia que tanto el alcalde Rojas como el señor Manrique son propietarios. 
 
El concejal Rincón también denunció que a la unión temporal se le dio un anticipo muy elevado, por $5700 millones, y que los desayunos escolares subieron del 2015 al 2016 de $1400 a $2400, sin una justificación mediante estudios previos o de mercado. 
 
"Todo esto lleva a pensar que hay intereses bastante demarcados con este contrato, pues la Ministra acababa de denunciar a esta entidad y al parecer el único que no escuchó fue el Alcalde de Cúcuta", dijo el concejal. 
 
Agregó que "es de conocimiento público que el señor Rojas Ayala es socio del señor Manrique, ahí están las escrituras de los terrenos, que tienen que ver con la venta del Cúcuta Deportivo cuando fue entregado al señor Augusto Cadena. Eso demarca que ellos desde hace tiempo tienen alguna conexión que les impide legalmente firmar este contrato". 
 
Detrás de esta contratación, agregó Rincón, estaría el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez, hoy en la cárcel por homicidio y quien en campaña se dijo que apoyaba al actual mandatario de los cucuteños. "El señor Ramiro Suárez se creía el dueño del Cúcuta Deportivo y es obvio que tiene intereses en esta administración, porque así traten de negarlo el país se ha dado cuenta que esta es una Alcaldía al parecer manejada desde La Picota y eso se ha notado en la falta de eficacia y eficiencia", señaló el concejal Rincón. 
 
Por su parte, el secretario de Bienestar Social de Cúcuta, Telésforo Blanco, quien estuvo al frente de la contratación, dijo desconocer la cercanía o relación entre el contratista y el Alcalde de la ciudad. 
 
"El convenio es una figura jurídica contemplada en la Constitución, por lo que es viable para estas actividades.En el país existen más de 1115 municipios, de los cuales el 90 % realiza la contratación por convenio", dijo el funcionario. 
 
Sobre la cercanía de Manrique con el Alcalde, el secretario Blanco afirmó que "no le puedo manifestar la relación. Desconozco esa situación, además cuando se celebra un convenio ellos deben presentar una certificación de que no están en curso inhabilidades. Yo en el momento no tengo conocimiento y si hay alguna demanda uno tiene que someterse. Yo en este momento no puedo certificar que eso es real". 
 
Agregó que está dispuesto a enfrentar las investigaciones que hagan los órganos de control por las irregularidades que se han denunciado. 
 

Más denuncias en Norte de Santander
 
Entre tanto, la Contraloría General de la República anunció que hizo seis hallazgos fiscales en otro contrato de alimentación escolar en Norte de Santander, esta vez con la Corporación Wakuzari. 
 
Los hallazgos son por $849 millones, por presuntas irregularidades como el pago de la alimentación sin tener los soportes de prestación del servicio, así como por alumnos repetidos en las planillas o que no aparecían matriculados en el sistema. 

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