Campesinos denuncian agresiones de la policía en el Huila
Campesinos de El Quimbo, Huila, denunciaron un brutal desalojo ordenado por el Gobierno de las poblaciones que habitan en las márgenes del río Magdalena.
(Thot)
Campesinos de El Quimbo, Huila, denunciaron un “brutal desalojo ordenado por el Gobierno”
el pasado 14 y 15 de febrero de las poblaciones que habitan en las márgenes del río Magdalena las veredas Domingo Arias de Paicol y Honda de Gigante.
Los campesinos dijeron que la “acción violenta se cumplió coordinadamente entre el Gobierno Nacional y Emgesa contra campesinos y pescadores inermes
cuya única respuesta fue cogerse solidariamente de las manos para abrazar el río Magdalena o lanzarse al mismo, mientras recibían cargas de gases lacrimógeno
s y granadas de aturdimiento, ocasionando varios heridos, entre ellos, el obrero de construcción Luis Carlos Trujillo Obregón quien perdió su ojo derecho”.
En la zona se construirá el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo
que, según Engemsa, tiene como “objetivo de abastecer la demanda energética que el país requiere a futuro”.
El coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la Policía del Huila
, dijo en La W Radio que durante el desalojo se hizo con “todas las garantías constitucionales” y no se violaron “aspectos procesal para la notificación y demás”.
Peláez afirmó que el armamento usado “son los que están autorizados por la ley que son elemento no letales” que causan el menor daño posible. Indicó que había funcionarios de la Procuraduría y del Icbf.
Por su parte,
Lucio Rubio, director de Endesa
, dijo en la W Radio que en 2
009 cerraron una mesa de concertación con seis alcaldes y el gobernador del Huila del momento y adoptaron una serie de compromisos
.
Entre ellos construir un viaducto, hacer viviendas de interés social, además informó que
están creando más de 1.000 empleos nuevos
.
“Hoy en día estamos empleando 2.000 personas”, sostuvo Rubio, quien agregó que no se han destruido empleos con la compra de propiedades.
Además, dio que adoptaron una medida de compensación para el grupo de personas no residente de la zona que consiste en entregarles, durante seis meses, salarios mínimos para que no vean reducidos sus ingresos.