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Carlos Caicedo logra medidas cautelares contra Electricaribe

En la acción se ordena frenar el aumento de las tarifas de la energía y suspender el proceso de contratación de terceros operadores.

Se busca frenar un posible incremento de las tarifas del servicio que Electricaribe le presta a un gran sector de la Costa y  suspender el proceso de contratación de terceros operadores. Foto: Colprensa

El Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, mediante decisión judicial, resolvió a favor del exalcalde y hoy candidato a la gobernación, Carlos Caicedo, aprobar dos de las medidas cautelares que interpuso ante dicho despacho judicial.

Estas medidas fueron interpuestas en aras de frenar un posible incremento de las tarifas del servicio que Electricaribe le presta a un gran sector de los habitantes de la Costa y  suspender el proceso de contratación de terceros operadores.

En el texto de la providencia, proferido el pasado 18 de enero de 2019 y notificado por estado electrónico el 12 de febrero, se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacúe dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los departamentos afectados en los cuales Electricaribe presta sus servicios. Esto, a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar.

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Señala la providencia que las audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte actora, en este caso Carlos Caicedo, quien interpuso la acción popular para frenar la privatización de la Empresa Electricaribe y el aumento de las tarifas.

Con relación a este mismo punto, el Centro de Servicios Judiciales, especifica, entre otras ordenanzas:

“Los dos meses de concertación en cada Departamento se harán como mínimo dentro de un mes. La Procuraduría será la encargada de rendir informes sobre el avance en el cumplimiento (y) los resultados de esas mesas de difusión y concertación con los usuarios del servicio de energía en la Costa deberán ser analizadas a profundidad por la Creg, a efectos de fundamentar o no la necesidad de modificar las tarifas por la prestación del servicio”.

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Igualmente, se ordena a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, al Ministerio de Minas y Energía y a cualquier otra entidad que resulte competente, que antes de escoger el nuevo operador de la Empresa Electricaribe, establezca otras dos mesas de concertación en cada uno de los departamentos afectados. Esto con el fin de que en estas se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Superintendencia, de la Creg y todas las partes implicadas.

Dichas autoridades deberán programar, establecer y evacuar dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los departamentos.