Consejo de Estado podría frenar aspiración presidencial de Alejandro Ordoñez
Alto tribunal adelanta investigación disciplinaria contra el ex procurador, quien fue denunciado porque habría beneficiado en un proceso al hoy alcalde de San Pedro en Antioquia.
El Consejo de Estado adelanta una investigación disciplinaria contra el ex procurador Alejandro Ordóñez, quien fue denunciado por presuntamente haber beneficiado en un proceso al hoy alcalde del municipio de San Pedro en Antioquia, Héctor Pérez.
De encontrarlo responsable de dicha actuación, Ordóñez sería inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un tiempo.
Según conoció La W, la investigación que se adelanta tiene que ver con la decisión en 2010 de Ordóñez de revocar una inhabilidad de Héctor Darío Pérez para ocupar cargos públicos por 10 años. De esta manera, por la decisión del ex procurador, Pérez pudo volver a postularse y de nuevo ser elegido como alcalde del municipio.
Sin embargo, la decisión de la Procuraduría habría sido irregular, por lo cual el ex procurador Ordóñez fue denunciado ante el Consejo de Estado.
Héctor Darío Pérez fue alcalde del municipio de San Pedro de los Milagros en el periodo 2001 a 2003. En ese entonces, fue hallado responsable disciplinariamente por haber realizado contratos sin el lleno de los requisitos legales.
La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por un periodo de 15 años, aunque Pérez apeló la decisión y, en segunda instancia, se ratificó la inhabilidad. No obstante, la sanción se redujo a 10 años.
El 25 de octubre de 2010, Pérez nuevamente solicitó revocatoria directa de la sanción que pesaba sobre él con el mismo argumento pero, nuevamente, el entonces procurador Alejandro Ordóñez le negó la petición el día 6 de septiembre de 2011.
El 7 de mayo de 2013, un fallo de revocatoria directa a favor del señor Pérez tumbó dicha inhabilidad. Sin embargo, el expediente se encontraba archivado en el despacho donde se originó, es decir, en la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá y ese fallo nuevo estaba solo en la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
Este suceso causó suspicacia, dado que para haber fallado una revocatoria directa se necesitaba del expediente completo para evidenciar si le fue o no vulnerado el derecho al debido proceso.