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CORRUPCIÓN en el Vichada

W Radio viajó a Vichada y realizó una investigación sobre millonarios contratos que habrían caído en manos de corruptos. Autoridades tomaron importantes decisiones tras la visita.

La Procuraduría ya abrió una indagación preliminar pues las obras tenían que haberse entregado en el año 2017. Foto: Laura Palomino

La investigación

Los elefantes blancos del Vichada

En Puerto Carreño, W Radio encontró un proyecto de 75 viviendas de interés social, cuya promesa era ser entregadas a la población vulnerable.

Las casas se encuentran en obra gris y al lado de las construcciones en ladrillo hay una invasión de indígenas desplazados.


Foto: Laura Palomino

La Procuraduría ya abrió una indagación preliminar pues las obras tenían que haberse entregado en el año 2017. 

Por otro lado W Radio conoció que en enero de 2017 el entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, llegó a la capital del Vichada para liderar la entrega de 194 casas gratis a familias en situación de extrema pobreza y víctimas del conflicto armado.

Esta emisora visitó las casas que prometían ser la solución de vivienda para población vulnerable y encontró que presentan fallas estructurales; cuarteaduras de paredes y pisos, filtraciones de agua por los techos, cortos eléctricos en los toma corriente, fallas en los contadores de energía y no cuentan con suministro de agua potable.

Foto: Laura Palomino

Los habitantes de la capital del Vichada están desesperados por las promesas incumplidas por parte del gobierno departamental por lo que a través de una carta, revelada a esta emisora,  más de 900 personas le piden hoy al procurador Fernando Carrillo una intervención urgente en el Vichada.


Foto: Laura Palomino.

Las indagaciones del Ministerio Público estuvieron en preventivas durante 3 años y hasta ahora, con la llegada de una nueva Procuradora,  se empezaron a ver las primeras acciones.

En la carta los ciudadanos aseguran que los entes de control y los funcionarios no actúan a pesar de las constantes denuncias.

 

El monumento de la corrupción en Vichada

Al entrar a Puerto Carreño por la vía a Villavicencio encontramos el Ciner, un edificio desolado, de paredes desgastadas, techo caído, cuidado por un solo vigilante.

Al iniciar este año el fiscal General de la Nación le anunció al país que Reficar fue el mayor caso de defraudación en toda la historia de Colombia y que se calculaba que el detrimento era 18 veces la defraudación de Odebrecht.

El mismo fiscal informó que la constructora brasileña pagó coimas por una cifra cercana a los 100 mil millones de pesos en Colombia. 

En nuestra visita al Vichada encontramos que, en este lejano departamento del país, lejano para quienes estamos en el centro de Colombia, tan solo en un contrato las pérdidas ascienden a los 44 mil millones de pesos.


Foto: Laura Palomino.

Un monumento a la corrupción, se trata del Ciner, un contrato que prometía ser el mayor proyecto de ciencia y tecnología del país y que hoy es el mayor elefante blanco que hemos visitado en nuestra labor investigativa.

Al entrar a Puerto Carreño por la vía a Villavicencio encontramos el Ciner, un edificio desolado, de paredes desgastadas, techo caído, cuidado por un solo vigilante.

El Ciner, un proyecto de energía renovable, que terminó trabajando con una planta de Diésel en un departamento que tiene una de las energías más caras del mundo y que hoy no sirve para absolutamente nada.

La Contraloría y la Procuraduría encontraron que la Gobernación del Vichada desdibujó el objetivo inicial del contrato, se logró determinar, en grado de certeza, que el parque solar no se ejecutó y no existe prueba que justifique la inversión de los recursos destinados para esta obra.

 Como si fuera poco, la Gobernación del Vichada envió a los docentes de este proyecto a un lujoso viaje de capacitación en Alemania y Francia, viaje que para las autoridades, al día de hoy no tuvo función alguna.

Por otro lado, W Radio conoció que en el Ciner funciona una biblioteca, cuyo contrato inicial especificaba que los libros debían estar relacionado con temas de energía renovable.

Las autoridades hallaron que, de los 1.480 títulos de libros, 1.091 corresponden a temas no relacionados con energía renovable o campos de aplicación a los objetivos del Ciner. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por más de 400 millones de pesos.


Foto: Laura Palomino.

W Radio conoció que el ente de control encontró que los presuntos responsables del escándalo serían:

Los ex gobernadores del Vichada, Manuel Alberto Villalba, del partido Cambio Radical,  y Sergio Andres Espinosa, quien recibió el apoyo de la coalición entre el Partido de La U, Cambio Radical y el Partido Conservador, se unieron al movimiento ASI para apoyar su candidatura.

La Contraloría también halló como responsables a los secretarios de Planeación, Julio Cesar Flórez Orjuela y Alonso Bautista Pérez.

El equipo auditor de la Procuraduría calificó de ineficaz e inoportuna la gestión de la actual gobernación del Vichada, debido a las decisiones tomadas que desnaturalizar en el proyecto, como la actitud pasiva de la actual administración que transcurridos dos años de gobierno sólo hasta el mes de mayo de 2017 tomo cartas en el asunto.

Mientras todo esto pasa los actuales dirigentes políticos del departamento se reparten las alcaldías y contratos como si fuesen tajadas. 

W Radio conoció un audio de una reunión de militantes del Partido Liberal con el actual alcalde de Cumaribo, Wagner Cuellar Brasil en el que empresarios piden beneficios con los contratos:

Y los políticos piden alcaldías:

Lo qué dice la Contraloría: 

W Radio conoció que la Contraloría evidencia que se materializó una gestión ineficiente e ineficaz, reflejado en la decisión de llevar a cero uno de los componentes de infraestructura esenciales que caracterizaron el proyecto, incumpliendo las características de pertinencia e impacto, de los proyectos de inversiónsusceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías.

Sobre los hechos que dan lugar a la configuración del presunto daño patrimonial, evidenciados en la decisión de llevar a ceros el parque solar, en el componente de celdas fotovoltaicas, que generan un menoscabo y un perjuicio para los propósitos originales del CINER, debido a una gestión ineficiente e ineficaz, reflejado en la decisión de llevar a cero uno de los componentes de infraestructura esenciales que caracterizaron el proyecto, con un incidencia administrativa y fiscal por valor de $1.959.714.279, valor del ítem del contrato 675 correspondiente al sistema fotovoltaico.

Revisados los documentos allegados con el hallazgo y las pruebas recaudadas en el devenir de la Indagación preliminar se logró determinar, en grado de certeza, que el parque solar, en el componente de celdas fotovoltaicas no se ejecutó y no existe prueba que justifique el cambio de este componente, ni la inversión de los recursos destinados para esta obra.


Foto: Laura Palomino.

Por lo anterior se evidencia que se materializó una gestión ineficiente e ineficaz, reflejado en la decisión de llevar a cero uno de los componentes de infraestructura esenciales que caracterizaron el proyecto, con un incidencia administrativa y fiscal por valor de $1.959.714.279, valor del ítem del contrato 675 de 2013, correspondiente al sistema fotovoltaico, incumpliendo las características de pertinencia e impacto, mencionadas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012, de los proyectos de inversiónsusceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías,  lo que configura un presunto daño patrimonial por un valor de  mil novecientos cincuenta y nueve millones setecientos catorce mil doscientos setenta y nueve pesos ($1.959.714.279.).

En la presente Indagación Preliminar No. ANT_IP-2017-01479, se establece que los presuntos responsables fiscales del referido menoscabo patrimonial son:

  • JULIO CÉSAR FLOREZ ORJUELA, identificado con la C.C.No. 19324166,  Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial del Departamento del Vichada, quien fungió como Supervisor del No. 675 de 2013, donde se llevó a cabo la construcción del CINER.

 

  • ALONSO BAUTISTA PÉREZ BARRERA, identificado con la C.C.No. 18.260.835, Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial del Departamento del Vichada, quien fungió como Supervisor del No. 675 de 2013, donde se llevó a cabo la construcción del CINER.

     
  • MANUEL ALBERTO VILLALBA TAVERA, Gobernador del Departamento de Vichada (E), quien suscribió el acta de liquidación del contrato 675 de 2013, sin cumplir con las características de pertinencia e impacto, mencionadas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012.

     
  • SERGIO ANDRES ESPINOSA FLOREZ, identificado con cedula de ciudanía número 86.056.706, quien en propiedad tomó posesión del cargo de Gobernador del Departamento de Vichada, el día 28 de diciembre de 2011, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, los motivos por los cuales se le vincula, es que tiene especial conocimiento, participación y fue el artífice del “Centro de Formación e Investigación el Energías Renovables – CINER” en el Departamento del Vichada, situación que lo hace titular en todas las acciones contractuales que rodea dicho proyecto, más aun, cuando era el encargado de ordenar y disponer de los recursos del orden departamental.

El ente de control encontró que no se demuestra que se cumplió con el propósito para el cual fue concebido, el cual es generar un espacio para la formación del capital humano y la investigación aplicada en asuntos relacionados con la generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía. 

Foto: Laura Palomino

En el caso de la biblioteca del Ciner se halló que de los 1480 títulos de libros, 1091 corresponden a temas no relacionados con energía renovable o campos de aplicación a los objetivos del Ciner. Hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por más de 400 millones por una gestión ineficiente de los recursos de regalías, invertido en el contrato de compraventa para los textos observados.

Lo qué encontró la Procraduría

Por su parte el ente de control concluye que las obras de auditorio no se culminaron, no se construyó la casa de los investigadores, se encontraron los techos y paredes del proyecto en mal estado y que se realizaron modificaciones al contrato sin que fueron autorizadas por Colciencias. 

Señala además que no se cumplió las especificaciones técnicas y de diseño previstas como la construcción e implementación del parque solar, se verificó que los espacios de recreo deportivos instalaciones de residencia para investigadores no fueron ejecutados por lo que la funcionalidad y el impacto del proyecto concebidos en la formulación del centro de investigación se encuentra en riesgo.

La entidad investiga en la actualidad a Alonso Bautista Perez, Julio Cesar Flórez, los secretarios de planeación Álvaro Mauricio Londoño y Luis Fernando Salazar; y los secretarios de educación y cultura Luis Manuel Rodriguez y Carlos Julio Ortega.

 

Así opera el robo a la salud en Vichada

La asignación de una cita especializada se demora hasta seis meses, por lo que la gente se muere esperando un examen médico, un diagnóstico o medicamentos para sus tratamientos.

Durante la visita de La W al departamento del Vichada, los pobladores de Puerto Carreño se acercaron a este medio para hablar sobre el hospital San Juan de Dios.

Los pobladores de la región denunciaron que normalmente solo se programan ocho citas médicas diarias para una población de más de 10.000 habitantes. Además, informaron que no existe un delegado para el Control y Vigilancia que supervise la prestación del servicio de salud en el hospital más importante del departamento.

Según los denunciantes, la asignación de una cita especializada se demora seis meses. Por este motivo, la gente se muere esperando un examen médico, un diagnóstico o los medicamentos para sus tratamientos.

Según la Contraloría General de la República, el Plan de Ejecución (PAS) correspondiente a la vigencia 2017 registró un bajo nivel de ejecución. Esta situación obedece a deficiencias en las actividades de planeación y gestión del sector.

Además, se encontró debilidad en la oferta de servicios de salud en el departamento e inoportunidad en la contratación de las acciones de gestión de salud pública e intervenciones colectivas priorizadas.

Por otra parte, el ente de control encontró que la Gobernación suscribió, con fecha 28 de junio de 2017, un contrato interadministrativo por más de 400 millones de pesos con el hospital San Juan de Dios. Este inició su ejecución el día 3 de agosto de 2017, afectándose con ello el principio de continuidad de las intervenciones colectivas al no garantizarse, durante el término transcurrido entre los meses de abril a julio, la existencia de un contrato con la ESE para la ejecución de las intervenciones proyectadas para la vigencia.

Como si fuera poco, los muertos también deben esperar para una necropsia. Los cuerpos de los fallecidos deben pasar varios días en una morgue que no cuenta con las condiciones sanitarias idóneas para su tratamiento.

Pero la única región afectada no es Puerto Carreño. A más de 700 kilómetros de este municipio, se encuentra Cumaribo, cuya población es 80% indígena y es el municipio más grande del país. Cuenta con una extensión 40 veces el Área Metropolitana de Bogotá, ocho veces la superficie de Suiza y 43 veces la de São Paulo, Brasil.

En enero de este año, la Fiscalía General de la Nación capturó al ex alcalde Arnulfo Romero Pardo, al alcalde Hermenegildo Beltrán Sosa, a la exsecretaria de Desarrollo Social, Leidy Yurani Plazas Barreto, a la subgerente de Matsuldani, Deisy Solano Herrera, y al coordinador de la IPS, Haider Puertas Lombana. Estas detenciones se produjeron en medio de una investigación por la apropiación ilícita de más de 950 millones de pesos destinados a los planes de intervención colectivas.

En su momento, la Fiscalía encontró que los funcionarios repetían fotografías para sus informes de gestión, los menores de edad que “atendían” en programas de nutrición aparecían registrados en Neiva, facturaban tarros de leche sin los registros de salubridad del Invima y tenían medicamentos mal almacenados.

 

El poderoso empresario del Meta, Iván Pérez, es el contratista tras el Ciner en Vichada

La W reveló las irregularidades tras uno de los mayores proyectos de ciencia y tecnología del país. Se trata del Ciner en Vichada, el cual tuvo un costo de más de 44.000 millones de pesos.

En el marco de esta investigación, La W conoció en primicia que tras el millonario proyecto aparece Iván Pérez, un poderoso contratista del Meta. Cabe recordar que este individuo fue mencionado por esta emisora en medio de otra investigación que se llevó a cabo sobre las irregularidades en este departamento, ya que se vio involucrado en medio del escándalo de las amenazas que fueron hechas al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, durante su visita a esta región.

En el portal único de contratación, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), aparece el detalle del proceso, cuyo objeto es contratar precios fijos y unitarios, la construcción de la infraestructura física del Centro de Formación e Investigación en energías renovables de la Amazonia y Orinoquia (Ciner) del departamento de Vichada.

En este contrato, por más de 23.000 millones de pesos, aparece como representante legal Juan Manuel Sarmiento Mejía, socio de Pérez.

Sin embargo, es preciso señalar que el poderoso empresario fue imputado por la Fiscalía General de la Nación en noviembre de 2017 por las irregularidades en un contrato por más de 80.000 millones de pesos.

El contratista, primo del exsenador Jorge Carmelo Pérez Alvarado, un reconocido político de la región y esposo de la hoy gobernadora del departamento, Claudia Marcela Amaya García, fue señalado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

La siguiente es la información que aparece en el Secop:


Foto: W Radio


Foto: W Radio

 

Las irregularidades tras el alcantarillado de Puerto Carreño

En agosto de 2018, el presidente de la República, Iván Duque, visitó el departamento del Vichada por las inundaciones en Puerto Carreño. Esta situación, sin embargo, empeoraba por cuenta de la inexistencia del alcantarillado de la capital del departamento.

La construcción y reparación del alcantarillado tuvo un costo total de 25.000 millones de pesos. El último contrato tuvo un costo de 19.500 de pesos, la interventoría fue de 1.300 millones de pesos y la adición 3.000 millones de pesos.

Según la denuncia de los ciudadanos de la capital de Vichada, por el momento faltan más de 800 visitas domiciliarias, por lo que la mayoría de las casas están usando pozos sépticos.

De esta manera, La W conoció que el contratista no habría terminado las obras, no hicieron conexión con el alcantarillado antiguo y las máquinas de bombeo están bajo del agua la mayoría del tiempo por culpa de las inundaciones.

Ante esta situación, los veedores visitaron más de 1.000 casas en donde encontraron fallas en la planeación, la instalación y diseño.

Como si fuera poco, el contratista destruyó varias calles de Puerto Carreño para hacer las obras del alcantarillado y estas calles debían ser reparadas hace un año. Pero el problema va más allá. La W encontró que el daño es irreparable porque las pólizas del contrato se vencieron en el año 2016.

A este contrato, adjudicado por la Gobernación Departamental y anunciado por todo lo alto en Villavicencio, la Asamblea Departamental le hizo un debate que no pasó a mayores.

 

Habitantes de Vichada esperan visita del procurador para entregar sus denuncias

Rigoberto Alezones advierte que denunciarán hechos de corrupción en el departamento. Agrega que están inconformes con funcionarios de los entes de control.

Las denuncias por corrupción electoral en el Vichada

La W conoció que Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por los supuestos hechos de corrupción electoral registrados en los comicios del 11 de marzo de este año en el departamento de Vichada.

Aunque las investigaciones avanzan, un doloroso hecho freno el proceso. El pasado 28 de marzo fue asesinado en un hotel de Puerto Carreño, Edgar Cabrera, un abogado que había impugnado ante varias autoridades los resultados de la jornada electoral en el departamento.

Cabrera, oriundo del departamento del Huila y quien llevaba meses denunciando los hechos de corrupción, fue encontrado muerto en la habitación 13 del hotel Los Delfines, rodeado de un charco de sangre.

Este sábado 14 de julio, el Consejo Nacional Electoral adelantará una audiencia pública en la que revelará los resultados de las investigaciones sobre las irregularidades tras la jornada electoral a Congreso en el país.

En manos de los magistrados de esta corporación están las denuncias a las que La W tuvo acceso.

En el departamento del Vichada en el municipio de Cumaribo se denunció que se rompió la cadena de custodia del material escrutado tras las elecciones y que por una negligencia de las autoridades electorales dichos documentos quedaron a la deriva durante 3 días antes de llegar a la capital del departamento.

En este municipio se denunciaron irregularidades en el acta de terminación del escrutinio municipal, documento de suma importancia, pues es donde se deja constancia de los pormenores de la jornada de elecciones.

Otra de las anomalías registradas en este municipio es que la Policía dejó entrar y manipular celulares en los sitios de votación.

En el departamento del Vichada aparecen denuncias sobre firmas de jurados de votación que no corresponden a quienes se les atribuyen, cupos numéricos asignados a hombres que corresponderían a mujeres y viceversa, y un  número de votos superiores a los que aparecen identificados por biometría.

En la cárcel de Puerto Carreño apareció un número de votos superior a la cantidad de presos detenidos en el penal, y en los comicios se diligenciaron votos y firmas de los electores con tintas distintas.

Por otro lado ante el Consejo Nacional Electoral fueron advertidas serias irregularidades en el formulario E 24, elaborado por la comisión escrutadora.

 

Los resultados

Fiscalía se tomará el departamento de Vichada

Tras denuncias hechas por W Radio, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dio la orden de enviar a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía y la delegada ante la Corte Suprema de Justicia al departamento del Vichada por casos de corrupción.

Los fiscales llegarán este 4 de septiembre al municipio de Puerto Carreño, para atender las diligencias investigativas correspondientes por las denuncias interpuestas por los ciudadanos.

Cabe recordar que en el Vichada se encontraron presuntas irregularidades tras los contratos del CINER, el PAE, el transporte escolar, el alcantarillado de Puerto Carreño, entre otras denuncias.

 

Capturado Alexis Benito Castro candidato a la Gobernación de Vichada

La W Radio conoció en primicia que agentes del CTI de la Fiscalía capturaron en la tarde de este domingo al candidato a la Gobernación de Vichada,  Alexis Benito Castro, ex secretario de gobierno y ex alcalde de Santa Rosalía.

Junto a Castro también fueron capturados el fiscal Luis Orlando Saenz Ojeda  y José Hilario Santamaria Vega.

El operativo fue desarrollado por investigadores que llegaron a Puerto Carreño desde Bogotá.

 

Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a exgobernador de Vichada

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años al exgobernador de Vichada, Sergio Andrés Espinosa Flórez (2012 – 2015), por las irregularidades en la construcción de la sede del Centro de Formación e Investigación en Energías Renovables de la Amazonía y Orinoquía (Ciner), obra que tuvo un costo superior a los 23.000 millones de pesos.

El Ministerio Público estableció que en la licitación pública convocada para la ejecución de las obras, la administración departamental incluyó requisitos y condiciones que restringieron la participación de oferentes.

Entre las exigencias se encontró que, sin justificación alguna, la Gobernación estableció que la experiencia en construcción de las empresas interesadas no podía acreditarse a partir de contratos diferentes a los obtenidos mediante una licitación o con obras de carácter privado, desconociendo que la experiencia de los ingenieros civiles o arquitectos se adquiere a partir de la aplicación de sus conocimientos en proyectos de construcción que pueden realizar tanto para entidades públicas como privadas.

Para la Procuraduría esas exigencias no resultaban objetivas, proporcionales ni racionales, a la vez que impidieron la participación de posibles oferentes que contaban con experiencia en construcción de edificaciones a partir de contratos suscritos mediante modalidades diferentes a la licitación.

Con esa acción, el entonces funcionario desconoció que en el sector público se pueden contratar obras mediante la figura de selección abreviada, en los casos donde se declara desierta una licitación, o de manera directa cuando se cumplen los requisitos para declarar la urgencia manifiesta. También ignoró que en el sector privado la invitación a licitar no es un procedimiento obligatorio.

Por esos hechos, el Ministerio Público consideró que Espinosa Flórez vulneró los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación, por lo que calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

El contrato para la construcción de la sede del Ciner fue firmado el 3 de octubre de 2013 con el Consorcio Ciner – Vichada, por un valor de $23.592.687.600, con un plazo de ejecución de 18 meses.

 

Procuraduría abre investigación contra diputados del Vichada por contrato del PAE

La W conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal en contra de los diputados del departamento de Vichada que presuntamente habrían facilitado que un contratista del Programa de Alimentación Escolar (PAE) no pagara un impuesto en el departamento.

Según las indagaciones del Ministerio Público, los asambleístas hicieron que el contratista se viera eximido de pagar el respectivo impuesto de la estampilla del adulto mayor, que recauda la entidad territorial y que genera anualmente 850 millones de pesos anuales para esta población.

Esto después de que el gobernador de Vichada, Luis Carlos Álvarez, presentara una ordenanza, con la que se daba la exoneración del impuesto, la cual fue aprobada por los 11 diputados de la asamblea departamental.

Por estos hechos hoy son investigados disciplinariamente: William Azabache Araca, Andrés Fernando Duque Cárdenas, Aleida Forero Fernández, Sirelda López Fernández, Luis Alejandro Gaitán, Fredy Narando Gaitán, Libardo Rincón Gaitán, Eder Yesid Ríos Cudemus, José Aureliano Rodríguez Catimay, Kennedy Sánchez Godoy y Andrés Fernando Aguirre Osuma.

El contratista favorecido es Adiel Calderón Vaca, quien ya fue mencionado por W Radio en la investigación que se adelantó por corrupción en el Meta, más exactamente, por irregularidades tras el contrato del PAE en esta región.

Calderón Vaca, quien lleva ocho años consecutivos ganando la contratación del PAE en Vichada y colaboró con la campaña del actual gobernador, es el poderoso contratista que maneja los programas de alimentación escolar en Meta, Guaviare, Guania y Casanare.

Esta emisora investigó y encontró que antes de que el PAE estuviera en manos de Vaca, una ración completa para niños de escolar, primaria y bachillerato costaba menos de 2000 pesos. Hoy la ración cuesta más de 3000 pesos sin incluir al bachillerato.

En tres años, Calderón Vaca ha ganado más de 5.000 millones de pesos en el PAE de Vichada y 7.000 millones de pesos por el contrato de transporte escolar.

Desde el año 2009, el empresario ha recibido contratos por más de 45.000 millones de pesos  para proveer alimentación y suministros en Guaviare y Vichada, y se encuentra en el top 30 de contratistas del sector educación

Desde el 2016, estudiantes de varios municipios de Vichada organizan marchas y protestas por la mala calidad de los alimentos que reciben y denunciaron que, además de que llegaban podridos y las raciones no eran lo suficientemente grandes, se intoxicaron con bebidas sin refrigerar.

Vaca aparece nombrado en la auditoría general como implicado en carruseles de contratos en varias regiones del país y es calificado como uno de los mayores contratistas de la Orinoquía entre los años 2014 y 2015.

A sabiendas de estos hechos, la gobernación continúa dándole el contrato al empresario o a uniones temporales que tienen que ver con él.

La W encontró que una forma de eliminar a otros proponentes diferentes a Vaca es la de dejar vencer los plazos para la licitación para escoger el contratista a dedo.

Pero en Vichada las autoridades parecen no querer responder. El 22 de mayo de 2018 se le envió al gobernador Luis Carlos Álvarez Morales, un oficio para tomar medidas para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar

Dice el oficio que la entidad tiene conocimiento de que el contrato del PAE qué inició el 29 de enero de 2018 está interrumpido desde el pasado 4 de mayo.

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EL CONTRATO DE 1.000 MILLONES DE PESOS PARA PINTAR COLEGIOS

Por otro lado, encontramos otro contrato que tiene que ver con los niños del Vichada.

En el año 2017, la Gobernación de Vichada adjudicó un contrato por más de mil millones de pesos para pintar los colegios:  internado Santa Teresita del Tuparro, Centro Educativo Internado Piramiri y el colegio internado Sagrado Corazón de Jesús en Cumaribo.

Sin embargo se conoció que las anteriores gobernaciones de Vichada llegaron a pintar más de 7 colegios de mayor tamaño por menos de 500 millones de pesos.

Las veedurías y líderes del departamento denunciaron el contrato absurdo por más de 1000 millones de pesos para pintar tres colegios.

 

A indagación preliminar Gobernador de Vichada por irregularidades en ejecución del PAE

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar al Gobernador de Vichada, Luis Carlos Álvarez Morales (2016 – 2019), y a dos funcionarios de la administración, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar – PAE.

Para la Regional de Vichada el funcionario habría incurrido en posibles irregularidades en la contratación del PAE para 2018, lo que ocasionó la suspensión del servicio entre mayo y septiembre pasados, perjudicando a los alumnos de 125 colegios del departamento.

A la indagación también fueron vinculados el Secretario de Educación y Cultura de la Gobernación, Carlos Julio Ortega Carrasquel, y el Coordinador del PAE en el departamento, Nixon Alirio Parra Rincón.

La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas. Los investigados podrán solicitar ser escuchados en versión libre. 

Procuraduría abre indagación por irregularidades en construcción de proyecto de vivienda 'Villa Gladys', en Puerto Carreño

Por otro lado el ente de control abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar de la Gobernación de Vichada y la Alcaldía de Puerto Carreño, por las presuntas irregularidades presentadas en la construcción del proyecto de vivienda popular 'Villa Gladys'.

El Procuraduría Regional de Vichada indaga si los encargados de la contratación del proyecto habrían incurrido en irregularidades durante su ejecución por falta de planeación y por no atender, presuntamente, las normas que regulan el manejo de los recursos públicos.

 

Por haber atacado la corrupción perdí mi cargo: ex procuradora del Vichada

La senadora Maritza Martínez, señalada por Claudia Paola Osorio de buscar su salida de la Procuraduría, aseguró que no tiene ninguna relación con los políticos de esta región.

 

Citan a audiencia de pérdida de investidura a once diputados de Vichada

Tras la investigación adelantada por W Radio en el departamento de Vichada, el Tribunal Administrativo de Meta citó para el próximo 25 de octubre a los once diputados de este departamento.

Estas personas son investigadas por presunta violación al régimen legal para eximir del pago de un impuesto al contratista que ejecuta actualmente el Programa de Atención Escolar (PAE) en el departamento.

De acuerdo con la investigación, los diputados habrían tramitado y aprobado, al parecer por solicitud del gobernador Luis Carlos Álvarez, la ordenanza número 019 del 30 de noviembre de 2016. Esta exoneró al contratista de pagar la estampilla del adulto mayor, que se cobra a todas las personas o empresas que suscriben un contrato con el departamento.

Con esa acción, los funcionarios habrían causado un detrimento patrimonial a la entidad territorial, que dejó de percibir una suma de dinero sin justificación legal aparente.

La apertura de investigación vinculó a los actuales diputados William Azabache Araca, Andrés Fernando Duque Cárdenas, Aleida Forero Fernández, Sirelda López Fernández, Luis Alejandro Gaitán y Fredy Narando Gaitán.

Así mismo, a Libardo Rincón Gaitán, Eder Yesid Ríos Cudemus, José Aureliano Rodríguez Catimay, Kennedy Sánchez Godoy y Andrés Fernando Aguirre Osuma, en su condición de diputados en la fecha de los hechos.

 

Procurador general visitará el departamento de Vichada tras denuncias por corrupción

 

Tras la visita de La W al departamento de Vichada, esta emisora conoció que el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, hará una visita especial a este departamento el próximo 8 de noviembre.

En esta fecha, Carrillo llegará a Puerto Carreño, capital de Vichada, pararevisar el avance de los procesos y escuchar a la ciudadanía. Por este motivo, se invita a todos los pobladores del departamento a ir y hacer sus denuncias.

Hay que recordar que a inicios de septiembre, La W hizo un recorrido por la región para denunciar presuntas irregularidades tras los contratos del CINER, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar, el alcantarillado de Puerto Carreño y transporte escolar.

 

Procurador ratifica destitución del personero de Puerto Carreño, Vichada

Durante su visita a Vichada, el procurador ratificó la destitución e inhabilidad por 10 años a Andrés Alejandro Mireles Acevedo, en su calidad de personero municipal de Puerto Carreño (Vichada).



El representante del Ministerio Público resultó elegido y se posesionó a pesar de estar inhabilitado por haber suscrito un contrato de prestación de servicios profesionales con la Superintendencia de Notariado y Registro, para ser ejecutado en el mismo municipio donde fue designado como personero, sin que hubiese transcurrido un año desde la fecha de su elección.



A juicio del órgano de control, Mireles Acevedo violó con su conducta el literal  que establece que no podrá ser personero quien   “Durante el año anterior a su elección, haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros o haya celebrado por sí o por interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”. 

En Puerto Carreño, el procurador General, Fernando Carrillo, escucha las denuncias de cientas de personas que se acercan para hablar, en una audiencia a puertas abiertas, sobre hechos de corrupción en la región. 

La Procuraduría invita a toda la población a acercarse para hacer sus respectivas denuncias. 


 

Llaman a audiencia a exgobernador de Vichada por caso Ciner

La Procuraduría Regional de Vichada, a través de una decisión registrada el 12 de septiembre de 2018,  compulsó copias para que se adelantara proceso disciplinario contra los gobernadores y ex gobernadores del departamento de Vichada.

Este proceso se adelanta al considerar que podrían haberse presentado irregularidades en la celebración del contrato del Ciner por 44.000 millones de pesos.

Esto es lo que dice la decisión adoptada por el Ministerio Público:

«De conformidad con lo establecido en el artículo 177 de la ley 734 de 2002, se convoca a audiencia pública a Sergio Andrés Espinosa Flórez, a fin de que ejerza su derecho de defensa. La diligencia se surtirá en la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, ubicada en la carrera 5 No. 15 – 80, en la ciudad de Bogotá D. C.; la fecha de instalación de la audiencia se establecerá al notificarse esta decisión teniendo en cuenta que la misma no podrá iniciar antes de cinco (5) días ni después de quince (15) días al acto de notificación».

El Ciner era un proyecto que inicialmente fue concebido como de energía renovable, pero terminó trabajando con una planta de Diésel en un departamento que tiene una de las energías más caras del mundo. Hoy en día, el proyecto no sirve para absolutamente nada.

Ante estos hechos, la Contraloría y la Procuraduría encontraron que la Gobernación del Vichada desdibujó el objetivo inicial del contrato. Así, se logró determinar, en grado de certeza, que el parque solar no se ejecutó y no existe prueba que justifique la inversión de los recursos destinados para esta obra.

El órgano de control reprochó al exmandatario departamental la presunta transgresión de los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, al suscribir el convenio 675 del 3 de octubre de 2013, sin tener en cuenta que en el pliego de condiciones que rigió la licitación pública No. GV-OAJ.LP-010 de 2013, al parecer, estipuló requisitos restrictivos y discriminatorios de la libre concurrencia.

El pliego pidió a los oferentes que los negocios jurídicos de los últimos siete años hubieran sido celebrados con entidades del Estado, requisito que a juicio de la Procuraduría descartaría la posibilidad de acreditar experiencia con el sector privado.

Además, solicitó como condición que la modalidad de contratación correspondiera a licitaciones públicas, en por lo menos tres negocios.

La Procuraduría advirtió que, en este caso, se habría restringido la libre concurrencia de las personas que teniendo la experiencia en el sector de la construcción, no podían participar por las restricciones en los pliegos.

Para el caso del residente y director de la obra, se requirió experiencia en edificaciones públicas, condición que para la Procuraduría habría  descartado la posibilidad de acreditar intervenciones en convocatorias privadas.

“Llama la atención que las condiciones mencionadas restringieron la experiencia que podían acreditar los posibles oferentes en construcciones de naturaleza privada, inhabilitándolos para presentar propuestas, actuación que podría resultar contraria a la libre concurrencia, toda vez que no se observa que esta limitante resulte objetiva si tenemos en cuenta que la actividad de construcción puede ser ejercida por los profesionales de la ingeniería y la arquitectura en el sector privado y/o en el sector público”.

La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del disciplinado como gravísima, a título de culpa gravísima.

 

Cárcel para representante legal de IPS, señalado cerebro de red de corrupción en Vichada

Fabio Alexis García Valor es investigado por la presunta apropiación de $957’000.000 y la destinación irregular de recursos para campañas de atención a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Fabio Alexis García Valor, propietario de la IPS indígena Mutsaldani, con la que la alcaldía municipal de Cumaribo (Vichada) habría celebrado un contrato sin el lleno de los requisitos que exige la ley

Al hombre, ingeniero de profesión, la Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y privado, y peculado por apropiación.

De acuerdo con las investigaciones, en febrero de 2012, el cabildo indígena del resguardo San Luis del Tomo, ubicado en Cumaribo (Vichada), nombró a García Valor como representante de los intereses de la comunidad ante la administración municipal. Sin embargo, a criterio de la Fiscalía: “actuó contrario al encargo hecho por los indígenas sujetos a protección especial por el Estado colombiano, y contario a la protección, apoyo, representación y asistencia en salud que demandan estos ciudadanos”

En ese orden de ideas, como operador de los servicios de salud habría emitido documentos falsos para acreditar que fueron cumplidas las metas de atención exigidas en los contratos. Parte de esos papeles tenían enmendaduras, tachaduras y listados sin firmas.

De igual manera, la Fiscalía identificó 1.135 contratos con presuntas irregularidades entre 2014 y 2015, y constató 120 actividades de campo con niños y mujeres embarazadas, que nunca se realizaron. Durante el proceso, los investigadores conocieron varias quejas interpuestas por indígenas en estado de gestación, quienes finalmente murieron por desnutrición.

“Esta IPS habría facturado más de $957’000.000 en servicios médicos a la administración municipal, sin haberlos prestado”, anotó la fiscal al hacer la solicitud de imposición de medida de aseguramiento.

Durante las audiencias, la Fiscalía reveló que García Valor, algunas personas de su grupo familiar, amigos y conocidos, presuntamente utilizaron los bienes y recursos de la salud para cubrir gastos personales.

El material recopilado indicaría que el representante legal de la IPS indígena Mutsaldani habría influido en las decisiones del Consejo Municipal de Cumaribo (Vichada) para obtener beneficios y construir inmuebles en terrenos objeto de reclamación por parte de terceros por la ley de restitución de tierras.

Ante los argumentos del delegado de la Fiscalía, el juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad que el procesado deberá cumplir en la Cárcel Nacional Modelo, en Bogotá.

 

Capturan a cuatro personas por irregularidades en recursos de salud en Vichada

 

La Fiscalía General de la Nación capturó al exalcalde del municipio de Cumaribo (Vichada) del periodo constitucional 2012-2015, a la exsecretaria de Desarrollo Social, la subgerente y el coordinador de la IPS indígena Matsuldani, por la presunta apropiación ilícita de más de $950.000.000.

Este dinero se encontraba destinado a desarrollar planes de intervenciones colectivas del municipio más grande del país, cuya población es principalmente indígena y presenta elevados índices de desnutrición.

La investigación inició por hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud y luego de múltiples labores desplegadas por el Grupo de Trabajo para delitos contra el Sistema de Seguridad Social en Salud de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, que detectaron diversas irregularidades en los procesos de gestión administrativa, financiera y asistencial dentro de la IPS-I Matsuldani. Esta situación derivó en la inadecuada ejecución de los recursos destinados a la prestación de los servicios del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) en el componente de salud pública.

La Alcaldía de Cumaribo (Vichada) ha celebrado de manera sistemática los contratos PIC con esta IPS-I Matsuldani en cuantía superior a $2.000.000.000 por año y, según las pesquisas, a través de otras empresas que pertenecen a los funcionarios de esa IPS indígena se contratan las actividades del PIC para apropiar indebidamente recursos públicos que corresponden al sector salud del Sistema General de Participaciones.

La evidencia recaudada indica que estos pagos fueron justificados con documentación falsa: planillas y fotografías de actividades de salud pública que no se realizaron o que pertenecían a otros eventos que ya habían sido cancelados por la administración municipal.

También se encontró que una de las sociedades de los funcionarios de la IPS indígena habría sido beneficiada con la adjudicación de un bien baldío, mediante la modificación irregular del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que sustituyó la destinación rural por urbana de ese predio.

Las capturas se realizaron en operativos simultáneos en Bogotá y en zona rural y urbana de Cumaribo (Vichada), con la colaboración de la Fuerza Aérea Colombiana y el Batallón de Infantería Motorizado N° 43 del Ejercito Nacional con sede en ese municipio.

Los detenidos serán judicializados en las próximas horas como posibles responsables de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público agravado por el uso, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y fraude procesal.

 

Aceptó cargos Alexis Benito Castro, candidato a la Gobernación de Vichada

Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al candidato a la Gobernación de Vichada,  Alexis Benito Castro, ex secretario de gobierno y ex alcalde de Santa Rosalía.

Junto a Castro también fueron capturados el fiscal Luis Orlando Saenz Ojeda  y José Hilario Santamaria Vega.

El operativo fue desarrollado por investigadores que llegaron a Puerto Carreño desde Bogotá.

Se detención se dio por presuntas irrreguaridades en contratos.

La W conoció que Castro aceptó ante un juez los cargos imputados por la Fiscalía.