Corte indaga sobre papel de los órganos de control frente al desplazamiento forzado

En el marco del seguimiento a la superación gradual del Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado en Colombia, la Corte Constitucional consideró necesario "conocer cómo vienen ejerciendo los organismos de control del Estado sus competencias constitucionales y legales en favor de la protección de los derechos fundamentales de la población desplazada".

La Corte indaga sobre la capacidad administrativa, institucional y presupuestal en la que se encuentran la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General, "frente a las funciones de control y seguimiento a la políticas de atención a víctimas de desplazamiento forzado".

Entre los requerimientos que deben responder dichos organismos se encuentran revelar el presupuesto con el que cuentan para hacerle seguimiento a la política pública en desplazamiento.

"En caso de no contar actualmente con capacidad presupuestal, determinar: ¿cuál ha sido la causa que impide el desarrollo de sus funciones de seguimiento a nivel nacional, regional y local?", dice la Corte.

"En el campo administrativo e institucional, ¿realmente se encuentran en capacidad (dependencias y personal) de adelantar el seguimiento de dicha política desde el nivel nacional hacia el local?; su capacidad actual, ¿es reflejo de unas dependencias articuladas y coordinadas desde el nivel nacional al local y/o viceversa?; su capacidad permite cumplir con las medidas que en materia de víctimas de desplazamiento forzado impone la ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios? y, ¿ cuál sería la estrategia para lograr tal fin?", agrega el documento del alto tribunal.