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Denuncian obstaculización a la justicia de coronel del Ejército investigado por paramilitarismo

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía puso en conocimiento del Fiscal General y del Procurador serias amenazas a testigos, investigadores y fiscales en el proceso que se sigue al Coronel Hernán Mejía, ex comandante del Batallón la Popa en Valledupar y otros investigados por su presunta relación con paramilitares al servicio de 'Jorge 40'.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía puso en conocimiento del Fiscal General y del Procurador serias amenazas a testigos, investigadores y fiscales en el proceso que se sigue al Coronel Hernán Mejía, ex comandante del Batallón la Popa en Valledupar y otros investigados por su presunta relación con paramilitares al servicio de 'Jorge 40'.

En una carta de seis paginas conocida por La W que fue enviada a los jefes de los organismos de control, la directora de la Unidad de Derechos Humanos Sandra Jeannette Castro, señala que el oficial ha acusado a los investigadores de la Fiscalía de elaborar un montaje en su contra colocándolos en riesgo y demostrando así una clara obstaculización a la justicia "que puede conducir a una decisión de exoneración de responsabilidad, pero no porque esté acreditada la inocencia del procesado sino por la falta de pruebas generada por el temor de los testigos en afirmar sus imputaciones y de los investigadores de ahondar en la búsqueda de la verdad", señala la misiva.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía puso en evidencia que existen varios testigos que han denunciado serias amenazas que los obligan a retractarse de sus declaraciones contra los uniformados.

En tal sentido citó el ejemplo del declarante Guillermo Augusto de Hoyos que el pasado 21 de septiembre llamó a un investigador del CTI y le dijo que se encontraba en Barranquilla y que necesitaba hablar urgentemente con él porque había sido localizado por el coronel Mejía y su abogado defensor "que lo tenían presionado para que denunciara a los señores Octaviano Casa, Luz Gladys Cuartas y Guillermo Jiménez, como personas que lo habían obligado y comprado para que testificara contra el coronel Mejía".

Agregó la fiscal en la carta que el oficial procesado y su defensa practicaron pruebas de balística sin presencia de un fiscal y del agente del Ministerio Público en el Batallón La Popa donde se le imputa la muerte de dos personas, lo que podría constituirse en una alteración de evidencias y elementos materiales probatorios.

Además explica que la presencia del coronel Mejía al igual que el coronel José Pastor Ruiz Mahecha en uniforme durante los contrainterrogatorios, intimida a los testigos.

Dentro de los actos intimidatorios, la jefe de la Unidad de derechos humanos de la fiscalía instó a los representantes de los organismos de control para que investiguen las denuncias que ha hecho el coronel Mejía contra los investigadores y fiscales a pesar de estar privado de la libertad y utilizando a los medios de comunicación para denunciar supuestos montajes.

Estas situaciones llevaron a la jefe de la Unidad a advertir el riesgo que afrontan las investigaciones contra los uniformados y de la alteración en el rumbo de la responsabilidad de los implicados, por eso, pidió una investigación del caso.

"Los hechos aquí denunciados son de inusitada gravedad y comprometen el éxito de la investigación, considerando que si bien el procesado goza de la presunción de inocencia y tiene derechos al debido proceso y a la defensa, deben éstos ponderarse con los que tienen las víctimas".

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