“Es ilegal prorrogar automáticamente concesión de Cerro Matoso hasta 2029”: congresista Barguil
David Barguil, representante a la Cámara, habló en La W de las irregularidades en la negociación de la prórroga de la mina de ferroníquel de Córdoba.
“Es ilegal prorrogar automáticamente concesión de Cerro Matoso hasta 2029”: congresista Barguil(Thot)
David Barguil, representante a la Cámara, habló en La W de las irregularidades en la negociación de la prórroga de la mina de ferroníquel de Córdoba.
Este viernes, la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia a la prórroga automática hasta el 2029 del contrato de concesión minera de Cerro Matoso, argumentando que la negociación presenta riesgo de legalidad y un riego de detrimento patrimonial.
Barguil explicó que para la explotación de la mina de ferroníquel de Montelíbano (Córdoba), que es la más grande de América Latina, se firmó un contrato de concesión en 1963 que se vence el próximo 3 de septiembre.
Sin embargo, la semana pasada el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, dijo que en 1996 se había firmado un contrato que comprometía algunos aspectos de la negociación inicial. “El ministro sorprendió con las declaraciones (…) planteando que una vez que se acabara el contrato de concesión automáticamente se prorrogaba hasta el 2029 (…) Eso es ilegal e irregular”, explicó.
Según el representante a la Cámara, el gobierno no puede avalar ese tipo de negociaciones que permitirían que Cerromatoso se quede automáticamente hasta el año 2029 en las mismas condiciones de hace 30 años.
Barguil anunció que en el debate que se desarrollará en el Congreso, se sugerirá que el Gobierno establezca condiciones mínimas y haga un proceso transparente y se entregue el negocio “al mejor postor”.
Además, el parlamentario recordó que en la mina hay irregularidades de tipo ambiental y en el pago de regalías. “El año pasado logramos que Cerromatoso devolviera 35 mil millones de pesos que estaba dejando de pagar por regalías y recuperamos esos dineros al Estado”, señaló.
Finalmente, Barguil hizo un llamado a la Agencia Nacional Minera en su tarea de fiscalización y de corregir los “errores” de Ingeominas.
“El llamado a ellos (a Beatriz Uribe, presidenta de la agencia, y al ministro Cárdenas) es que no permitamos que estos hechos se sigan repitiendo, que defendamos intereses del Estado, no se pueden negociar estos contratos con beneficio de particulares”, concluyó.
Este viernes, la Contraloría General de la República emitió un control de advertencia a la prórroga automática hasta el 2029 del contrato de concesión minera de Cerro Matoso, argumentando que la negociación presenta riesgo de legalidad y un riego de detrimento patrimonial.
Barguil explicó que para la explotación de la mina de ferroníquel de Montelíbano (Córdoba), que es la más grande de América Latina, se firmó un contrato de concesión en 1963 que se vence el próximo 3 de septiembre.
Sin embargo, la semana pasada el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas Santamaría, dijo que en 1996 se había firmado un contrato que comprometía algunos aspectos de la negociación inicial. “El ministro sorprendió con las declaraciones (…) planteando que una vez que se acabara el contrato de concesión automáticamente se prorrogaba hasta el 2029 (…) Eso es ilegal e irregular”, explicó.
Según el representante a la Cámara, el gobierno no puede avalar ese tipo de negociaciones que permitirían que Cerromatoso se quede automáticamente hasta el año 2029 en las mismas condiciones de hace 30 años.
Barguil anunció que en el debate que se desarrollará en el Congreso, se sugerirá que el Gobierno establezca condiciones mínimas y haga un proceso transparente y se entregue el negocio “al mejor postor”.
Además, el parlamentario recordó que en la mina hay irregularidades de tipo ambiental y en el pago de regalías. “El año pasado logramos que Cerromatoso devolviera 35 mil millones de pesos que estaba dejando de pagar por regalías y recuperamos esos dineros al Estado”, señaló.
Finalmente, Barguil hizo un llamado a la Agencia Nacional Minera en su tarea de fiscalización y de corregir los “errores” de Ingeominas.
“El llamado a ellos (a Beatriz Uribe, presidenta de la agencia, y al ministro Cárdenas) es que no permitamos que estos hechos se sigan repitiendo, que defendamos intereses del Estado, no se pueden negociar estos contratos con beneficio de particulares”, concluyó.
