Es un atentado a las víctimas del Palacio decir que no hubo desaparecidos: Julio Andrade

Los restos de Julio César Andrade, quien fue magistrado auxiliar de Dante Luis Fiorillo Porras, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, fueron encontrados en el patio interno del Palacio de Justicia y sin “acta de reconocimiento” tras los sucesos violentos del 6 y 7 de noviembre de 1985. Después del hecho, que concluyó con la retoma militar, uno de su hijos lo reconoció gracias a un trozo de cédula de ciudadanía que fue hallado junto al cuerpo envuelto en una bolsa plástica.

Sin embargo, en 2017 y cuando había transcurrido más de un año tras la exhumación de sus restos, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Colombiano de Medicina Legal le confirmaron a su familia que las pruebas de ADN comprobaron que no se trataba de su ser querido y los restos que enterraron 31 años atrás eran los de otra persona.

Este intento por subsanar los errores cometidos por las autoridades responde a la condena impuesta contra la Nación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por la desaparición de por lo menos once personas. No obstante, el pasado 27 de agosto se conoció que el fiscal investigador Jorge Sarmiento afirmó que varios de los hallazgos en los últimos años dan cuenta de que los casos de desapariciones forzadas fueron resultado de “malas identificaciones o cuerpos mezclados”.

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Ante este panorama, Julio Andrade, administrador de empresas e hijo del magistrado auxiliar, advirtió en diálogo con La W que las observaciones de Sarmiento son “antitécnicas y logran golpear la dignidad, no solo de mi familia sino de quienes han sufrido en carne propia la desaparición de sus seres queridos”.

Además, Andrade asegura que “tanto el M19 como quienes actuaron en la retoma del Palacio de Justicia tuvieron mucho que ver en las muertes de los trabajadores (…) como cualquier persona a quien le desaparecen su ser querido, hemos estado buscándolo. Nos sentimos sin poder hacer nada porque quienes tienen la labor, la Fiscalía, dicen cosas que se salen de todo contexto de la realidad”.

“Esto ha sido completamente doloroso. Cuando ocurrió la tragedia yo tenía 12 años y mi inmadurez mental no me permitió tener conciencia real sobre lo que era ser huérfano. Esta es una prueba de favorecimiento a la seguridad jurídica. ¿Por qué no acuden a la JEP y cuentan toda la verdad? Me entregaron los restos de una persona que no era mi papá y recibí amenazas por tratar de encontrarlo. Hoy me encuentro solicitando asilo”, agrega.

Finalmente, Andrade relata que han interpuesto una demanda y se encuentran “estructurando el documento para radicar ante la CIDH en Washington”.

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