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Escándalo de corrupción involucra a fuerte candidato para Auditor General

Se trata de Jairo Mesa, quien habría apoyado la firma de varios contratos en la Superintendencia de Notariado con una empresa involucrada en un escándalo de corrupción.

Jairo Mesa, el candidato más opcionado para ocupar el cargo de Auditor General, estaría siendo cuestionado por varios consejeros del Consejo de Estado. Foto: Colprensa

Este 16 de octubre, en la Sala Plena del Consejo de Estado, se llevará a cabo la votación para el próximo Auditor General de la República, en remplazo de Carlos Hernán Rodríguez. Sin embargo, el candidato más opcionado para ocupar este cargo, Jairo Mesa, estaría siendo cuestionado por varios consejeros de ese tribunal por, al parecer, haber estado involucrado en un escándalo de corrupción que se dio al interior de la Superintendencia de Notariado.

Según Emiliano Leguizamón, presidente de la veeduría Vemos Más, el entonces funcionario Mesa, por orden de su jefe –el ex superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez–, conoció de los contratos que adelantó la entidad con la empresa Furel S.A. a cargo de Hernán Moreno Pérez, quien hoy en día se encuentra en prisión respondiendo por graves hechos de corrupción en Armenia y en San Andrés.

“En las próximas horas, la veeduría ciudadana solicitará a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de Nación que revisen la contratación del Supernotariado, dados los antecedentes con la cuestionada firma Furell S.A y en papel del señor Moreno en dicha contratación durante la administración de Vélez y Mesa”, indicó el veedor.

Se trató de contratos que suman, aproximadamente, más de 16.000 millones de pesos:

  1. Contrato de obra no 688 de 2011
  2. Contrato de obra 689 de 2011
  3. Contrato de obra 685 de 2012
  4. Contrato de obra 1310 de 2013
  5. Contrato de obra 756 de 2015

“Es por ello que la veeduría, en su papel, cuestiona públicamente a Mesa y no lo considera un candidato transparente para ser el nuevo auditor de las contralorías que vigilarán los contratos cuestionados”, agregó Leguizamón.