Fue aprobado en segundo debate la reforma al Código Penitenciario y Carcelario
Los jueces autorizarán las entrevistas a los reclusos bajo la seguridad nacional, el orden público, el efecto sobre las presuntas víctimas, la independencia judicial y la seguridad
Foto: El Tiempo.(Thot)
El proyecto pasará a cumplir los dos debates correspondientes en el Senado, antes de convertirse en ley de la República.
Detención domiciliaria
Uno de los puntos polémicos de la iniciativa consistía en subir de 5 a 8 años la pena mínima de los condenados para hacerse acreedores a la prisión domiciliaria como pena sustitutiva a la prisión.
Sin embargo, finalmente se aprobó que este beneficio cobijará a quienes tengan una pena mínima de 5 años, tal y como está aprobado en el Código Penal.
No tendrán esta posibilidad quienes hayan cometidos los siguientes delitos: dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado y agravado; extorsión, obstrucción de vías que afecten el orden público; lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial y trata de personas.
Los jueces decidirán sobre las entrevistas a los reclusos
Se reversó la decisión de restringir a los medios de comunicación las entrevistas a los sindicados. Sin embargo, se estableció que la decisión será competencia de los jueces, pero estableciendo los siguientes criterios:
El efecto sobre las presuntas víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento.
Esquema de asociación Público Privada
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, logró convencer a la plenaria de permitir las Alianzas Público Privadas (APP) en la construcción y administración de nuevos centros de reclusión.
Se estableció que la construcción, mantenimiento, conservación y administración de los centros de reclusión y la prestación de otros servicios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podrá desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado.
“Privaríamos a las cárceles de aprobar centros penitenciarios a través de las (APP). Podremos contar con un capital privado para la construcción de cárceles. Nadie va a responder por un bien si no lo puede administrar”, señaló la ministra.
Entre otras modificaciones, la Cámara descartó la intervención de empresas de seguridad privada en las cárceles. En caso de ser necesario, se requerirá de auxiliares que prestaron el servicio militar obligatorio en el INPEC previo entrenamiento, según quedó consignado en la reforma.
El proyecto continuará su trámite en el Senado durante la siguiente legislatura, por tratarse de una ley ordinaria que no está sujeta al plazo del 20 de junio.
Detención domiciliaria
Uno de los puntos polémicos de la iniciativa consistía en subir de 5 a 8 años la pena mínima de los condenados para hacerse acreedores a la prisión domiciliaria como pena sustitutiva a la prisión.
Sin embargo, finalmente se aprobó que este beneficio cobijará a quienes tengan una pena mínima de 5 años, tal y como está aprobado en el Código Penal.
No tendrán esta posibilidad quienes hayan cometidos los siguientes delitos: dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado y agravado; extorsión, obstrucción de vías que afecten el orden público; lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial y trata de personas.
Los jueces decidirán sobre las entrevistas a los reclusos
Se reversó la decisión de restringir a los medios de comunicación las entrevistas a los sindicados. Sin embargo, se estableció que la decisión será competencia de los jueces, pero estableciendo los siguientes criterios:
El efecto sobre las presuntas víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento.
Esquema de asociación Público Privada
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, logró convencer a la plenaria de permitir las Alianzas Público Privadas (APP) en la construcción y administración de nuevos centros de reclusión.
Se estableció que la construcción, mantenimiento, conservación y administración de los centros de reclusión y la prestación de otros servicios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) o de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podrá desarrollarse mediante el esquema de asociación público privado.
“Privaríamos a las cárceles de aprobar centros penitenciarios a través de las (APP). Podremos contar con un capital privado para la construcción de cárceles. Nadie va a responder por un bien si no lo puede administrar”, señaló la ministra.
Entre otras modificaciones, la Cámara descartó la intervención de empresas de seguridad privada en las cárceles. En caso de ser necesario, se requerirá de auxiliares que prestaron el servicio militar obligatorio en el INPEC previo entrenamiento, según quedó consignado en la reforma.
El proyecto continuará su trámite en el Senado durante la siguiente legislatura, por tratarse de una ley ordinaria que no está sujeta al plazo del 20 de junio.
Andrea Díaz
Periodista Sigue La W
