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Gobierno lamenta el asesinato de un dirigente sindical cervecero

El sindicalista fallecido había prestado 26 años de servicio a la cervecera y recientemente había participado en las actividades de Sinaltraceba para firmar convenio colectivo.

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Bavaria. Foto: Colprensa

El Ministerio de Trabajo lamentó el asesinato de un trabajador de la cervecera Águila en el departamento del Atlántico, norte del país, y afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores Cerveceros de Bavaria (Sinaltraceba).

Desconocidos dispararon en seis ocasiones el pasado sábado contra el sindicalista Ever Luis Marín Rolong, electricista de profesión de 46 años de edad, quien esperaba el autobús en el casco urbano del municipio de Soledad (Atlántico) para iniciar su turno de trabajo en la empresa.

Marín Rolong fue trasladado inmediatamente hasta la Clínica de la Policía, donde falleció.

"La cartera laboral lamenta lo sucedido y envía un mensaje de condolencias a sus familiares y allegados, al igual que a sus compañeros de labores", indicó el Ministerio de Trabajo en un comunicado.

El Ministerio solicitó asimismo a las autoridades policiales y judiciales que inicien las acciones necesarias para localizar a los responsables del asesinato y llamó al compromiso con los derechos laborales y la asociación sindical.

En octubre pasado, el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos reconoció que desde 1986 han sido asesinados y amenazados 12.000 sindicalistas en el marco del conflicto armado, y los identificó como una de las principales víctimas de la confrontación, sobre todo en los años 1992, 1998 y 2004.

El cese de la violencia sindical fue uno de los principales reclamos de los congresistas demócratas estadounidenses durante la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, proceso que duró más de una década y que no entró en vigor hasta mayo de 2012.

No obstante, los legisladores demócratas George Miller y James McGovern publicaron a finales de 2013 un informe en el que reportaban que los abusos de los derechos laborales persistían en Colombia incluso un año después de la vigencia del TLC y que la impunidad afecta al 83 % de los casos denunciados.