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Más de 25 personas han muerto en Colombia por alcohol adulterado durante 2020

El Instituto de Ciencias Políticas Herman Echavarría entregó el informe que revela la cadena de valor criminal del alcohol ilegal y contrabando en Colombia.

Más de 25 personas han muerto por alcohol adulterado durante 2020. Foto: Getty Images / KRISANAPONG DETRAPHIPHAT

El Instituto de Ciencias Políticas Herman Echavarría entregó el informe que revela la cadena de valor criminal del alcohol ilegal y contrabando que afecta a todo el país.

El documento confirma que, en lo que va corrido del año 2020, ya son más de 25 personas que han muerto por consumo de alcohol adulterado, sin que esto llame la atención de las autoridades para que se busquen herramientas contundentes contra este delito. Además, aclaran que la cifra podría ser mayor, pese a que se trata de casos que están en verificación.

Además, el instituto aclara que el alcohol ilegal no solo se limita a la adulteración y contrabando, sino que está conectado con otros factores como el lavado de activos y el aporte de la industria legal a estas estructuras dedicadas a la adulteración, con la venta de sus propios insumos para su creación.

El informe explica también que hay un intermediario importante para la cadena criminal de la adulteración como son las empresas recicladoras que están legalmente constituidas y que surtirían a los criminales para sus insumos como botellas, tapas, cajas, etiquetas y otros elementos para su desarrollo.

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Revelan además que en Colombia solo hay siete personas condenadas por contrabando y con medida intramural y cinco sindicadas. Por este motivo, hacen un llamado no solo a las autoridades judiciales sino a las administrativas como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y las Secretarías de Salud para que tomen medidas preventivas.

Finalmente, indica el instituto que el estudio evidenció que el INVIMA solo ha revocado dos licencias a aquellos que realizan alcohol adulterado y por orden judicial solicitan además a las autoridades aduaneras intervenir el contrabando a gran escala de alcohol potable por la frontera con Ecuador, generando así mecanismos reales de control.

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