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Más investigaciones por corrupción en Meta

En este caso, las investigaciones apuntan a Joaquín Patarroyo, el ex director de Cormacarena.

Villavicencio (Meta). Foto:

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El exdirector de Cormacarena, Joaquín Hernán Patarroyo Barón, terminó a cargo del negocio del cobro del parqueo en las calles de Villavicencio.

Se trata del proyecto de zonas azules en Villavicencio, el cual está en la lupa de la Fiscalía, por presuntas irregularidades tras el proceso de contratación. Cabe destacar que Patarroyo está demandado en la actualidad porque sus empleados no cuentan con seguridad social.

Patarroyo rindió indagatoria ante la Fiscalía seccional del Meta por dos denuncias que interpusieron en contra de él y de la actual directora Belsy Barrera: una por prevaricato por omisión y la otra por enriquecimiento ilícito por el presunto otorgamiento de una licencia, al parecer sin el lleno los requisitos legales a la empresa Ecoding Ltda., de Acacías.

Los funcionarios de Cormacarena habrían pedido dinero a cambio de gestionar o hacer trámites ante la corporación para obtener aprobación de licencias ambientales. Dinero con el cual habrían comprado costosos inmuebles, como por ejemplo una lujosa casa de 2000 millones.

Internet para colegios

La Fiscalía General de la Nación investiga en la actualidad un contrato para prestar el servicio de internet a todos los colegios de Villavicencio, el cual fue otorgado a la Asociación Regional de Municipios de la Orinoquia y la Amazonia, Asomaroquia. Dicha empresa sacó el registro TIC un día antes de que saliera un auto administrativo que justificara la contratación directa en el municipio.

A pesar de que el Ministerio de Educación advirtió que Asomaroquia no cumplía con los requisitos de experiencia ni técnicos para prestar este servicio, la Alcaldía hizo caso omiso y les otorgó el contrato.

Hoy en los colegios de Villavicencio no existe la conexión a internet, a pesar de los 2.000 millones que se pagó por el prometedor proyecto para mejorar la educación del pueblo llanero.

Programa de Alimentación Escolar

En el año 2015, la Alcaldía de Villavicencio adjudicó el contrato  para la prestación de servicios de refrigerio y alimentos para los colegios al único proponente que existía, la Unión Temporal Codesllano, en cabeza de Luis Eduardo Sendoya y Adiel Calderón Vaca.

Vaca aparece nombrado en la auditoría general como implicado en carruseles de contratos en varias regiones del país y es calificado como uno de los mayores contratistas de la Orinoquía entre los años 2014 y 2015. El empresario estuvo al frente del PAE en Vichada, donde los estudiantes hicieron protestas por alimentos que llegaban podridos y las bebidas sin refrigeración.

En el caso del PAE de Villavicencio, la Alcaldía le otorgaba puntos al contratista que demostrara 20 indígenas contratados en su empresa. Sin embargo, la asociación que ganó el contrato no contaba con ningún indígena del Meta en su nómina y presentó una certificación laboral de indígenas de Cumaribo en Vichada.

De hecho, a la Procuraduría General de la Nación llegó una carta de Santiago Clodualdo Kuetgaje, gobernador del resguardo indígena Maguare de Villavicencio, en la que indica que ninguno de los 89 indígenas de su comunidad fueron incluidos en el millonario contrato.

Las autoridades encontraron que los primeros refrigerios llegaron dañados a sus beneficiarios y además que se presentaron sobrecostos por 1.200 millones de pesos.

Otras denuncias que llegaron a W Radio

En la lupa de la Fiscalía también está el contrato para la alimentación del adulto mayor en estado de pobreza por 1.900 millones de pesos, un proyecto que fue otorgado a un consorcio sin experiencia en el que se presentó un daño patrimonial por 14 millones de pesos.

El ente acusador también investiga a la IPS Servimédicos por supuestos recobros por servicios que ya se le habían pagado al Fosyga. Este contrato, en poder de Luis Alberto Franco y el fallecido Jorge Enrique Moreno, quien después de muerto aparece firmando un contrato para prestar servicios de salud a madres gestantes para un proyecto por el que hoy está denunciada Sandra Milena Buitrago, ex secretaria de Salud del departamento.

Otro caso que, según los llaneros, ha sido olvidado por la Justicia del Meta, es el tema de los despidos masivos de la Gobernación en el año 2002.

Los extrabajadores pidieron al Gobierno y a instancias internacionales se pronuncien y hagan parte civil del proceso de  pensiones, otorgadas al parecer  de manera irregular, y despidos sin causa justa en la Administración Luis Carlos Torres Rueda.

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