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Mintransporte hizo llamado a cumplir protocolos en servicios de transporte público

La ministra Ángela María Orozco explicó como funcionarán los permisos especiales y transitorios para empresas de servicio especial e intermunicipal.

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Siempre han surgido problemas, pero se han ido controlando. De la mano de la Policía se han realizado operativos: Ángela María Orozco. Foto: Colprensa

Varios usuarios de los servicios de transporte público en el país han denunciado, a través de fotografías en redes sociales, que no se están respetando los protocolos estipulados para evitar contagios de COVID–19.

Ante esto, la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, respondió: “Desde el comienzo de la cuarentena hemos garantizado sistema de transporte público para las actividades excepcionadas. Hemos tenido problemas, de hecho al comienzo hubo problemas, y nosotros lo que hacemos es dar todo el apoyo, con el Ministerio de Defensa y a través de la Policía Nacional, reforzando y operaciones especiales en algunas de las estaciones”.

Seguido a esto, la ministra Orozco hizo un llamado a la ciudadanía para que no esperen a que sean vigilados y sancionados para cumplir con los protocolos al movilizarse en los servicios de transporte público.

Así, agregó: “Claramente es un tema de ir cambiando las costumbres. Hay control, hay sanción, nosotros inmediatamente requerimos cuando nos llega esa información, nos piden apoyo y lo otorgamos. Pero aquí hay un porcentaje también de que no se trata solamente actividades represivas, sino de que la ciudadanía y los pasajeros entiendan que tenemos que autoprotegernos”.

Por otro lado, la titular de la cartera de transporte, Ángela María Orozco, también se refirió a la reciente medida del Ministerio de Transporte en la que se otorgaron permisos especiales y transitorios para empresas de servicio especial e intermunicipal y que deberán ser entregados por las autoridades locales de cada región del país. Sin embargo, según la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), no se han empezado a efectuar con los distintos alcaldes y gobernadores.

Así, Orozco manifestó: “Esto no exige un protocolo, exige es que la autoridad, el ente gestor o la autoridad territorial, se hagan cargo en aquellos casos donde no hay sistemas de transporte masivos, identificando la necesidad. El plan de movilidad en cada municipio depende de la autoridad territorial, esa es su competencia, nosotros como Ministerio generamos lineamientos generales y vigilamos a los entes gestores y los secretarios de Movilidad y de Tránsito, pero no directamente las empresas. Dentro de una ciudad es la alcaldía o su Secretaría de Tránsito y de Movilidad quienes tienen que hacer convenios, contratar o con los buses de transporte intermunicipal o con los buses de transporte especial y designar en qué rutas los va a asignar al interior de la ciudad”.

Dentro de la respuesta anterior, la ministra Orozco añadió: “Esto no es autónomo, yo no estoy dando un permiso para que ellos entren por la ciudad por donde quieran. Nosotros lo que hemos dado es un permiso temporal para el cambio de modalidad para que las autoridades locales, cuando no hay sistema, identifique las empresas, las llame directamente, haga convenios, las contrate y les permita prestar el servicio dentro de la ciudad”.

Finalmente, frente a las peticiones realizadas por transportadores del servicio público especial para salvar el sector de la quiebra, la titular de la cartera del transporte dijo que muchas de las mismas han sido excepcionadas al ser contratadas por otras compañías para cumplir con sus respectivas obligaciones laborales.

Adicionalmente, mediante el Decreto 575 de la semana pasada, se definió que este tipo de compañías podían hacer uso de sus fondos de reposición, hasta en un 85% precisamente para mitigar sus necesidades al no estar operando completamente. Esto, sin dejar de lado que, según el Mintransporte, este tipo de empresarios están sometidos, tanto pequeños o medianos, a todo el régimen general de financiamiento al que tienen acceso al 90% de las garantías emitidas por el Fondo Nacional de Garantías e igualmente a un subsidio de la mitad de la comisión de la garantía para que logren financiar el pago de sus nóminas.

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