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Polémica demanda pide modificar las requisas de la Policia en Colombia

Paola Morales, directora administrativa del consultorio jurídico de la Uptc, explicó que la tutela se crea por la falta de protocolo en la norma.

Buscamos que las normas creadas por el legislativo se ejecuten de manera menos improvisada: Paola Morales. Foto: Colprensa

Paola Morales, directora administrativa del consultorio jurídico de la Uptc, explicó en diálogo con La W en qué consiste la tutela que busca crear un protocolo en las requisas que se realizan en el país, pues de acuerdo con la jurista, hace falta reglamentar estos hechos.

Lea en La W: Representantes debaten sobre tutela en contra de las requisas

Morales aseguró que “no queremos que se quite la requisa sino que se mejore, se deben establecer unos protocolos donde se diga cómo se realiza este procedimiento policial".

Para la demandante, la disposición vulnera el derecho a la intimidad y al debido proceso, porque, aunque es opcional el registro, no se le brinda la oportunidad a las personas de dar sus razones para oponerse a dicho procedimiento y esto sería arbitrario

La Sala Plena de la Corte Constitucional analizará una demanda contra el articulo del Código de Policia que establece las requisas por parte de las autoridades, sin embargo, para los denunciantes, no piden que se eliminen sino que se establezca un protocolo, así lo explicó en diálogo con LA W, Paola Morales, Directora Administrativa del Consultorio Juridico de la Universidad Pedagogica y Tecnológica de Tunja, 

Para la demandante, la disposición vulnera el derecho a la intimidad y al debido proceso, porque, aunque es opcional el registro, no se le brinda la oportunidad a las personas de dar sus razones para oponerse a dicho procedimiento y esto sería arbitrario.

En ese sentido, explica que la Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos establecen la prohibición de consagrar excepciones generales al derecho de defensa, por lo que aquella se extiende a todas las actuaciones.

Incluso, agrega, no hay un límite claro para el uso de la fuerza que posee la Policía como institución a la que le fue conferido el uso de armas, por lo que también se ejercería una grave intimidación a los ciudadanos y se coartarían las libertades individuales.

Por último, explica que la norma no es diáfana en indicar los protocolos para llevar a cabo el registro de una persona que se rehúsa, lo que también vulneraría el principio de legalidad, ya que “el derecho policivo debe contemplar las formas apropiadas que garanticen los derechos constitucionales de acuerdo a cada caso” 

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