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Murió el caso Interbolsa ocho años después del desfalco que dejó más de 1500 víctimas

En Sigue la W recordamos el desfalco financiero más grande de la historia de Colombia y qué pasó con las víctimas y los responsables.

La justicia en Colombia no está preparada para la comprobación de estos delitos: Gloria Valencia. Foto: Colprensa

En noviembre de 2012 la Superintendencia Financiera ordena la toma de posesión  de la firma comisionista de bolsa, Interbolsa, que en ese momento era la más grande e importante del país al evidenciar restricciones en la liquidez de la firma y el no pago de sus obligaciones.

Pero además, se evidenció que durante 2011 y 2012 la sociedad comisionista empezó a aumentar los cupos de repos al empresario italiano Alessandro Corridori para que comprara acciones de la textilera Fabricato. Los repos son préstamos que ponen acciones como garantía de pago.

El objetivo de Corridori era quedarse con la totalidad de la textilera y luego venderla a una firma extranjera. Con la compra masiva de las acciones también se logró que se disparara su precio en el mercado bursátil, pasando de 26 a 84 pesos en solo un año, lo que significó una valoración de 200%.

 La Superfinanceria ese año ordenó revocar una operación en el que se le prestaron 100 mil millones de pesos a Corridori y como él no pudo devolver el dinero porque no lo tenía se le constituyeron más repos con unos bonos que estaban en Luxemburgo.

Todo se reventó cuando Fabricato empezó a desvalorizarse en la bolsa porque ya nadie quería hacer más operaciones repos y porque Interbolsa ya no tenía liquidez. De la firma comisionista fueron 492 las víctimas que habían invertido en acciones o de Fabricato o de Interbolsa y que al final como el patrimonio de esa empresa quedó completamente en ceros, perdieron cerca de $250 mil millones de pesos de los cuales solo se recuperaron un poco más de $65 mil millones  

El caso del Fondo Premium

Tomas Jaramillo, accionista de Interbolsa  junto con Juan Carlos Ortiz, crearon este fondo en Curazao en el que invirtieron 1260 personas. Los socios fundadores de este fondo cogieron el dinero de los inversionistas para hacerse auto préstamos, a través de otras empresas de ellos que eran Rentafolio Bursatil y Valores Incorporados y para prestarle a Alessandro Corridori y al empresario español Víctor Maldonado.

En el caso del Fondo Premium se reconocieron 190 mil millones de pesos a las víctimas. El 80% de ellas ya recibieron el 100% de lo invertido y el otro 20% está recibiendo gradualmente a mediad que se van vendiendo los bienes y activos que se embargaron a los implicados. 

¿Qué pasó en la justicia?

El 14 de noviembre del año 2012 la Fiscalía General abrió la investigación por el caso Interbolsa. El 24 de abril, el entonces fiscal, Eduardo Montealegre, dijo que en total eran 37 las personas vinculadas al proceso, de las cuales 25 eran las más importantes.

Por el caso Interbolsa, se vinculó a Paula Andrea González Henao – Directora comercial, Juan Felipe Ruiz Duarte – gerente técnico, Leonardo Uribe Correa – contralor normativo, Juan Camilo Arango Medina – vicepresidente, José Rafael Saravia Pinilla  –  miembro principal de la Junta Directiva, Alfredo Ramos Bermúdez – miembro principal de la Junta Directiva, Miguel Francisco Merjech Garzón, Yaneth Katherine Hernández, Gloria Cárdenas, Raquel Gongora, Clemencia Soto Uribe y Juan Camilo Vargas Martínez.

Del Grupo Corridori, se llamó a Olbany Muñoz Delgado – representante legal Giteco S.A.S., Jhon Alexánder Muñoz Delgado – representante legal Giteco S.A.S, Emilio Martín Uribe – representante legal manantial SPV S.A.S, Juan Fernando Osorio Gómez – representante legal VMS, Edward Jonathan Martínez – empleado y ordenante de Alessandro Corridori.

Y por el Fondo Premium  a Tomás Jaramillo Botero – socio de inversión Fondo Premium, Juan Carlos Ortiz – socio de inversión Fondo Premium, Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez – deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium, Claudia Patricia Aristizábal González – representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero, Natalia Zúñiga Isaacs – representante legal Valores Incorporados, Ricardo Martínez –  representante legal Valores Incorporados, Rachid Maluf Raad – gerente del Fondo Premium.

En el primer caso la Fiscalía investiga las maniobras fraudulentas que se utilizaron por un grupo de inversionistas liderados por Alessandro Corridori, al interior de la sociedad comisionista de bolsa InterBolsa en la compra de acciones de Fabricato que conllevó al incremento en el precio de la acción en un 214% en los años 2011 y 2012. Los 12 implicados fueron llamados por: Concierto para delinquir, maniobra fraudulenta de especias inscrita en registro nacional de valores agravado y administración desleal.

En este caso se imputó cargos a las 12 personas, de ellas 10 con medida de detención preventiva en centro carcelario y dos en casa por cárcel. igualmente en el proceso penal, una aceptó cargos y se le condenó, mientras que en las otras 11 investigaciones ya prescribieron los delitos. 

No obstante surgieron nuevas líneas de investigación que conllevaron a la condena de: 

Rodrigo Jaramillo Correa, John Jairo Herreño, Clemencia Soto Uribe y Miguel Merjech Garzón; y otros dos se encuentran en etapa de juicio.

En el proceso Interbolsa- Fabricato, según la Fiscalía, se presentaron dos situaciones que influyeron negativamente y facilitaron la prescripción.

La primera, hace referencia al manejo dado por la judicatura al proceso, porque no hubo celeridad para avanzar en las etapas procesales del juicio oral. La audiencia de acusación tardó un año, la preparatoria de juicio tres años y hasta enero del 2019 inició el juicio, fecha en la que acá habían prescrito tres delitos. 

La segunda anormalidad, son las presuntas  maniobras dilatorias presentadas por los abogados de la defensa. Según la Fiscalía, tardaron dos años en revisar los elementos probatorios con los que la Fiscalía acusaba. Por ejemplo, la petición de uno de los integrantes de la defensa de tener 200 testigos y 700 pruebas para ejercer su derecho a la defensa. Otro es que en septiembre de 2018 renunciaron cuatro abogados de la defensa y los investigados tardaron cinco meses en tener nuevamente un defensor de confianza.

En el Caso del Fondo Premium, relacionado con captación de dinero por canales no autorizados para realizar inversiones en la Isla de Curazao, se investigó a ocho personas por los delitos de: captación masiva y habitual de dineros, no reintegro de dineros, estafa masiva y concierto para delinquir.

De estas ocho personas, algunas se declararon culpables en la audiencia de imputación y otras, a través de preacuerdos, aceptaron con el tiempo su responsabilidad y fueron condenados.

En esta línea hay siete condenas y un proceso en juicio que corresponde a Víctor Benjamín Maldonado, juicio que se inició en junio del año 2015.

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