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Presos con VIH de cárcel La Modelo amenazan con contagiar a otros internos

Lo harían en protesta por la falta de servicios médicos y de medicación en este centro carcelario, una situación que se agravó desde la liquidación de Caprecom.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Así lo denunció el delegado para la Política Criminal Penitenciaria, José Manuel Díaz, quien advierte que la situación se repite en las cárceles de Bogotá, Villavicencio, Tuluá, Quibdó, Cúcuta y Popayán, así como de múltiples comunicaciones recibidas por la Defensoría Delegada para la Política Criminal respecto de las deficiencias que aquejan los internos en varias regiones del territorio nacional.
 
Entre otros factores, es motivo de preocupación para el organismo humanitario el manejo de los residuos hospitalarios, como se constató en la cárcel San Isidro de Popayán, donde hace más de tres meses que dichos elementos no son retirados del establecimiento y que con su progresiva descomposición representan un riesgo elevado para la integridad no sólo de quienes están privados de la libertad, sino también para el personal de guardia y funcionarios que laboran en el centro de reclusión.
 
Allí mismo (donde hay alrededor de 3.000 internos), la inspección humanitaria de la Defensoría permitió establecer que de los 16 pacientes diagnosticados con VIH, solo cuatro recibieron medicamentos recientemente, mientras el resto de sus compañeros lleva meses sin acceder a lo ordenado en sus prescripciones. La situación en San Isidro es de tal naturaleza que hay tutelas para obtener un simple Omeprazol.
 
En Tuluá (donde solo hay auxiliares de enfermería y odontología pero no personal médico) y La Modelo de Bogotá, la Defensoría del Pueblo también encontró que las 40 y 10 personas privadas de la libertad que padecen VIH, respectivamente, no reciben medicamentos desde enero, falencia que se extiende a quienes padecen otras patologías crónicas como la hipertensión y la diabetes.
 
Tal como se ha advertido en otras oportunidades para distintos centros de reclusión, las cárceles de Villavicencio y Quibdó adolecen de insumos médicos, la asistencia de la red externa de operadores es nula o precaria (en el mejor de los casos) y los profesionales contratados por el Fondo a través de Fiduprevisora y Fiduagraria ya no prestan sus servicios debido al incumplimiento en el pago de los honorarios. Esto mismo ocurre en Cúcuta, donde además el represamiento de procedimientos especializados se acerca a los 500 casos.

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