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Tras tragedia en Mocoa, Procuraduría exigió actualizar el POT en municipios

Advierte a las autoridades que omisiones en normatividad y funciones acarrearán sanciones de hasta 20 años de inhabilidad.

La avalancha del 1 de abril en Mocoa, Putumayo, cobró la vida de cientos de personas. Foto: Colprensa

La avalancha del 1 de abril en Mocoa, Putumayo, cobró la vida de cientos de personas. Foto: Colprensa(Thot)

La Procuraduría General de la Nación envió un documento al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales para que actualicen y revisen los Planes de Ordenamiento Territorial en sus municipios, con el fin de evitar tragedias como la registrada en Mocoa el pasado 1 de abril.

Según el documento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, es necesario realizar un enérgico llamado a las autoridades y advertirles que las presuntas omisiones en la normatividad y sus funciones acarrearán sanciones de hasta 20 años de inhabilidad.

De acuerdo con la normatividad, estas sanciones pueden efectuarse al comprobar “la omisión o el retardo de las funciones propias del cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los recursos naturales”.

En este caso, la Procuraduría le solicitó al Ministerio de Medio Ambiente, Alcaldes, Concejos municipales y Distritales y a las Corporaciones Autónomas Regionales que tomen acciones en tres ejes fundamentales: Protección de Zonas de Ronda y de Humedales; Deforestación y en Planeación, ordenamiento territorial y la prevención de amenazas y riesgos naturales.

Sobre estos aspectos, la Procuraduría resaltó la importancia de “adelantar los procesos administrativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a la recuperación de las zonas de ronda, zonas de protección, humedales, rondas y playones ocupadas o intervenidos ilegalmente con el propósito de recuperar el normal funcionamiento hídrico de las dinámicas de estas zonas”.

Sobre los POT, la Procuraduría llamó la atención del cumplimiento de la norma relacionada con la incorporación de la variable ambiental en los procesos de revisión y actualización de los esquemas del Plan de Ordenamiento Territorial.

Asimismo, “incluirse prohibiciones expresas para la ejecución de proyectos y desarrollos inmobiliarios en zonas de desastre así como de alto riesgo. Establecer planes de reubicación de poblaciones a zonas más seguras, entre otros”.

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