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Vicepresidente de la República se pronuncia sobre empleo y poder adquisitivo en Colombia

En una nueva misiva enviada por Angelino Garzón, habló de la importancia de las recientes cifras presentadas por el DANE frente a la baja en la tasa del desempleo de un 10%.

En una nueva misiva enviada por el vicepresidente de la República Angelino Garzón, habló sobre la importancia de las recientes cifras presentadas por el DANE frente a la baja en la tasa del desempleo de un 10% y con ello el avance en materia de política de empleo del Gobierno Nacional.

Sin embargo, también citó un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL - que indica que en Colombia los salarios perdieron el poder adquisitivo en 0,1%, mientras el salario mínimo se mantiene casi igual, "lo que muestra un deterioro en la distribución del ingreso laboral para los trabajadores, a pesar de que éstos contribuyeron al incremento de la productividad y a las ganancias de las empresas", dijo el informe.

En la carta también habló del trabajo del Gobierno en materia de empleo y seguridad laboral y de los compromisos del país con intancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas.

"Comparto plenamente con el presidente Juan Manuel Santos Calderón y el ministro del Trabajo Rafael Pardo Rueda, que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho de los empresarios a tener empresas productivas y competitivas, como también tiene el deber de garantizarles a los trabajadores el derecho a tener empleos decentes, salarios justos, que se les respeten las libertades sindicales, la negociación colectiva y el derecho a vivir mejor", asegura el Vicepresidente en la misiva.

Finalmente habló sobre la importancia de reconocer la negociación colectiva como un derecho humano que es protegido por el Gobierno Nacional y que en la actualidad se defiende a través de la concertación laboral entre empresarios y trabajadores.

Acá el texto completo enviado por el Vicepresidente:

Carta abierta del Vicepresidente de la República

La prioridad debe ser el empleo de calidad y mejorar el poder adquisitivo de los salarios

El último reporte del DANE indica que la tasa de desempleo bajó al 10%, lo que quiere decir que hay menos desempleados que hace un año, y se han creado más de un millón 280 mil nuevos puestos de trabajo, lo que es un avance importante en la política de empleo del Gobierno Nacional y una muestra de la buena marcha de la economía colombiana en medio de la crisis financiera internacional.

No obstante, según el informe “Coyuntura laboral de América Latina y el Caribe”, elaborado en mayo de 2012 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo - OIT, en Colombia los salarios medios perdieron poder adquisitivo en 0,1% y el salario mínimo se mantiene casi igual, lo que muestra un deterioro en la distribución del ingreso laboral para los trabajadores, a pesar de que éstos contribuyeron al incremento de la productividad y a las ganancias de las empresas.

Esta situación va en contravía de los resultados alcanzados por la mayoría de los países de América Latina que, tal y como lo muestra este informe, mejoraron su situación laboral, tanto por la baja de la tasa de desempleo urbano, que se redujo al 6,7% en el 2011 (frente al 7,3% en 2010), como por el incremento de los salarios que subieron en promedio 1,1%, y en países como Chile, Paraguay y Uruguay alcanzaron un aumento del salario real por encima del 2.5%.

A pesar de estos avances en la región, la CEPAL y la OIT señalaron que “persiste una redistribución desfavorable a los trabajadores de las remuneraciones con respecto al Producto Interno Bruto - PIB de los países”. En consecuencia, la sociedad se polariza entre los más ricos y los más pobres, debido a la profunda inequidad social, a la alta concentración del ingreso y de la riqueza y a la pérdida del poder adquisitivo, esto último significa que los trabajadores y sus hogares pueden comprar menos bienes y servicios con el salario que reciben y, por lo tanto, se afecta su bienestar y su calidad de vida, especialmente en países como Colombia en el que el incremento del salario es mucho menor al promedio de la región.

Esta redistribución desfavorable de la riqueza es un problema para el desarrollo de los países. Siempre he sostenido que el problema no es la riqueza sino la pobreza, no es que el rico se haga más rico sino que el pobre se haga más pobre, que mucha gente viva en la miseria y que persista la alta desigualdad en el ingreso y la riqueza. Como se sabe, Colombia es uno de los países de mayor desigualdad en el mundo, lo que conlleva a problemas sociales que afectan, inclusive, los temas de seguridad.

La Organización de las Naciones Unidas ha propuesto, en reiteradas ocasiones, aumentar los impuestos a los más ricos y a las grandes fortunas para avanzar en la lucha contra la pobreza y esta iniciativa merece el apoyo de los gobiernos y la sociedad civil.

La regla de oro de una sociedad democrática en un Estado Social de Derecho debe ser que si a la economía y a las empresas les va bien, lo justo es que también les vaya bien a los trabajadores y a sus familias, en términos de mejorar salarios y una mayor participación en el producto nacional, además de empleos de calidad, como ya sucedió en Brasil en el Gobierno de Lula. Si se sigue esta regla, en mi opinión, seremos una nación en progreso y con mejor calidad de vida para todos los colombianos y colombianas.

El Gobierno colombiano está muy comprometido con la generación de empleo y la estrategia contra la pobreza, mediante la Red Unidos y la ampliación de los programas como Familias y Jóvenes en Acción para beneficiar a los más pobres. Sin embargo, se requiere distribuir mejor los beneficios del crecimiento económico con los trabajadores y trabajadoras.

Cuando crecen las utilidades de las empresas y la economía de los países es apenas justo y natural que crezca también la economía de los ciudadanos, incluyendo los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Si los trabajadores y los pobres no tienen mejores ingresos, recurren a un mayor endeudamiento y hasta se incrementa el trabajo infantil para satisfacer necesidades básicas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del crecimiento económico y la estabilidad de las familias. Es una ofensa a la dignidad humana que más de un millón de niños y niñas en Colombia estén trabajando, cuando hay más de dos millones 340 mil adultos desempleados y cerca de 900 mil subempleados. La meta del Gobierno es bajar la tasa de desempleo a un dígito y lo deseable es que esta tasa sea cercana al promedio que hoy registra América Latina, y en este propósito los empresarios pueden aportar mucho más.

Así mismo, dice el informe CEPAL - OIT que en los mercados laborales de nuestros países “persisten importantes brechas y graves problemas de inserción laboral, sobre todo para las mujeres y los jóvenes”, quienes continúan padeciendo altos niveles de desempleo. Por lo que se requiere especial atención para estos grupos poblacionales, dando pleno cumplimiento a la Ley del Primer Empleo, así como a la ampliación de la oferta pertinente de capacitación y la formación flexible para el trabajo del SENA y demás instituciones educativas, con la colaboración de las empresas e incluyendo el contrato de aprendizaje, en observancia de las recomendaciones de la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Empleo y Seguridad Social, realizada en Madrid (España), el pasado mes de julio.

De acuerdo con la CEPAL y la OIT, el doble reto que debemos asumir los Estados y Gobiernos es avanzar en una mayor generación de empleo formal de calidad con afiliación a seguridad social y mejorar los salarios de los trabajadores en concordancia con los incrementos de productividad y las calificaciones de los trabajadores. Así mismo, se deben adelantar programas de apoyo integral a los trabajadores informales para que mejoren sus ingresos y se afilien a la seguridad social.

Con una mayor articulación del Gobierno Nacional con las gobernaciones y alcaldías se pueden afrontar los desafíos para la generación de más empleos dignos y mejores ingresos en las regiones, aprovechando las oportunidades de los TLC, las vocaciones productivas territoriales y la ampliación del mercado interno.

Comparto plenamente con el Presidente Juan Manuel Santos Calderón y el Ministro del Trabajo, Rafael Pardo Rueda, que el Estado tiene el deber de garantizar el derecho de los empresarios a tener empresas productivas y competitivas, como también tiene el deber de garantizarles a los trabajadores el derecho a tener empleos decentes, salarios justos, que se les respeten las libertades sindicales, la negociación colectiva y el derecho a vivir mejor.

Recordemos que el trabajo y la negociación colectiva son derechos humanos fundamentales que pueden ser protegidos legal y materialmente. Sabemos que el Ministerio del Trabajo está muy comprometido con estos propósitos. Así mismo, varias empresas en Colombia avanzan en el cumplimiento de las cláusulas sociales, la inclusión productiva, el respeto por los Derechos Humanos y la política de Responsabilidad Social Empresarial, que benefician a comunidades en la superación de la pobreza. Los buenos balances sociales deberían ser extendidos a todas las empresas, como parte de su compromiso en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de reducción de la pobreza.

Coincido con la CEPAL y la OIT en que se requiere de parte de todas las entidades del Estado y del Gobierno un mayor esfuerzo en el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a que los aumentos salariales no queden rezagados frente a los aumentos de productividad y que, además, sean concordantes con el crecimiento de la economía y las calificaciones del trabajo. Son recomendaciones, sustentadas técnicamente, que deben ser tenidas en cuenta al momento de determinar los incrementos del salario mínimo en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y de los salarios medios en las empresas mediante la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores.

Considero que para superar la pobreza y avanzar en una mejor distribución del ingreso en nuestra sociedad, se requieren mayores esfuerzos y compromisos de todos los sectores del país, con el fin de mejorar la participación de los ingresos laborales en el PIB, aumentar el poder adquisitivo de los salarios y asegurar que el salario mínimo sea ajustado por encima de la inflación causada, siguiendo la posición de la Corte Constitucional, en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

El país puede avanzar mucho más en acuerdos fundamentales de la agenda socio-laboral mediante un Diálogo Social Nacional convocado por el Gobierno, contando con la activa participación de los actores sociales del mundo del trabajo y el apoyo de organizaciones como la CEPAL y la OIT.

Espero que la concertación laboral entre empresarios, trabajadores y Gobierno, y de quienes han defendido los derechos de los trabajadores, beneficie en especial a los sectores más pobres y desarraigados, para que así se pueda ir avanzando en la conformación de una sociedad más incluyente, que pueda garantizarles a los trabajadores el derecho a una vida con bienestar y en paz.

Agradezco de corazón a todos los colombianos y colombianas por sus oraciones y mensajes de solidaridad que, sin lugar a dudas, me ayudan a una rápida y satisfactoria recuperación, así como el apoyo de los médicos que me tratan y de mi familia.

Cordialmente,

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República

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