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Caso de libaneses enciende alarmas sobre seguridad y violencia en Costa Rica

El caso de los hermanos libaneses Elías y Ziad Akl, con antecedentes por delitos violentos en Canadá y que vivían ilegalmente y rodeados de lujos en Costa Rica, ha encendido de nuevo las alarmas en este país acerca de los controles de seguridad, el papel de la justicia y la violencia con que están actuando grupos del crimen organizado.

Douglas Marín

San José, 17 may (EFE).- El caso de los hermanos libaneses Elías y Ziad Akl, con antecedentes por delitos violentos en Canadá y que vivían ilegalmente y rodeados de lujos en Costa Rica, ha encendido de nuevo las alarmas en este país acerca de los controles de seguridad, el papel de la justicia y la violencia con que están actuando grupos del crimen organizado.

Los hermanos libaneses nacionalizados canadienses se encontraban en Costa Rica en condición migratoria irregular, Elías desde 2011 y Ziad desde 2015, y vivían en casas de exclusivas zonas de San José, conducían vehículos lujosos, eran escoltados por guardaespaldas fuertemente armados y dilapidaban grandes cantidades de dinero en centros nocturnos y comerciales.

Elías fue asesinado el lunes a tiros en las instalaciones de la escuela privada a la que fue a dejar a su hija de seis años, en un ataca en el que también murió uno de sus guardaespaldas, el costarricense Ángel Blanco, y un menor de 6 años resultó herido de gravedad al ser alcanzado por tres balas de la treintena que fue disparada por dos sicarios.

Hasta el momento las autoridades han determinado que Elías utilizaba un pasaporte israelí falso y además de propiedades y vehículos lujosos, era prestamista y dueño de varios locales comerciales.

Las autoridades sospechan que este hecho violento puede estar relacionado al narcotráfico, tráfico de armas y lavado.

Unas horas después fue arrestado su hermano Ziad en el aeropuerto Juan Santamaría cuando pretendía salir de Costa Rica, aparentemente con rumbo a Nueva York.

Ziad Akl, quien es actor y ha aparecido como extra en películas de Hollywood, se encuentra a las órdenes de las autoridades y es vinculado por la fiscalía con delitos de extorsión, tentativa de homicidio, privación de libertad y violación de domicilio.

El caso de los hermanos libaneses ha vuelto a encender las alarmas en un país donde cada vez aumentan los crímenes violentos relacionados a grupos narcotraficantes y donde los sicarios ya no les importa matar a plena luz del día, en sitios públicos y hasta en una escuela con decenas de niños dentro, como ocurrió el lunes.

En los últimos años se han vuelto frecuentes los asesinatos violentos: personas quemadas vivas, torturadas, desmembradas y tiroteadas.

Los homicidios han ido en un aumento constante: en 2015 hubo 558 homicidios para un tasa de 11,4 por 100.000 habitantes y en 2016 se registraron 577 (11,8 por 100.000 habitantes), números elevadísimos para un país que años atrás rara vez alcanzaba una tasa de 10.

El ministro costarricense de Seguridad, Gustavo Mata, alzó la voz el martes al detallar que un 70 % de los homicidios que se registran en el país están vinculados al crimen organizado y además criticó el papel de la justicia en algunos casos.

"Sobre este grupo en concreto (supuestamente liderado por los libaneses) lo hemos detenido dos veces, se les ha quitado una cantidad importante de armas, en ambos casos se hace un informe y se pone al tanto al Ministerio Público, es un delito que lleva de 2 a 5 años de prisión", sin embargo no estaban encarcelados, expresó Mata.

Y prosiguió: "Ya he hablado en días pasados de mi disconformidad de lo que está sucediendo. Cuando los guardacostas decomisaron más de una tonelada de marihuana proveniente de Jamaica, detenemos a la gente y un juez los deja en libertad al día siguiente", lamentó con enojo el ministro.

Mata instó, como ya lo ha hecho varias veces en los últimos años, al Congreso a que apruebe la ley de extinción de dominio impulsada por el Gobierno y que pretende despojar de bienes y dinero de manera expedita a las organizaciones del crimen organizado.

Otro de los puntos claves en este tema es el trabajo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), que salió al paso de la críticas al afirmar que desde enero pasado entregó al Ministerio Público un informe sobre los hermanos libaneses en los que recomendó su expulsión del país por sus actividades irregulares.

A pesar de que tienen antecedentes por hechos violentos en Canadá, no existía orden de captura internacional contra ellos, afirmó la DIS, mientras la Fiscalía indicó que investigaba las actividades de los Akl.

Costa Rica, un país que no tiene ejército desde 1948 y encarga la seguridad a unos 14.000 oficiales de la Fuerza Pública, ha decomisado en lo que del año 6,7 toneladas de cocaína, 6,4 de marihuana y ha desarticulado 48 bandas narcotraficantes.

El año pasado los decomisos de cocaína ascendieron a 19 toneladas y 118 bandas criminales fueron desarticuladas. EFE

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