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Demandan a magistrado salvadoreño por conflicto de interés en resoluciones

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador Belarmino Jaime, investigado por la Fiscalía por supuesta evasión de impuestos, fue demandado hoy ante el Tribunal de Ética Gubernamental por firmar resoluciones que pudieron beneficiar a una empresa de su propiedad.

San Salvador, 22 sep (EFE).- El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador Belarmino Jaime, investigado por la Fiscalía por supuesta evasión de impuestos, fue demandado hoy ante el Tribunal de Ética Gubernamental por firmar resoluciones que pudieron beneficiar a una empresa de su propiedad.

De acuerdo con la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), Jaime "no se excusó de participar en la revisión y resolución de demandas de inconstitucionalidad y recursos de amparo relacionados con empresas de servicios de telecomunicaciones, incluida su empresa familiar".

Añadió que el juez supuestamente transgredió "el principio de imparcialidad" y "el deber ético" de "excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él" y sus familiares tuvieran "algún conflicto de interés".

El ente detalló que los recursos de inconstitucionalidad y amparos en los que Jaime "debió de apartarse" fueron aquellos que los principales operadores de telecomunicaciones interpusieron para "impugnar las iniciativas del Ejecutivo y de los gobiernos municipales para gravar" actividades de las mismas.

Según la alianza no gubernamental, en diferentes recursos presentados ante el Supremo Jaime figuró como representante legal de la empresa Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones S.V. y en otros ese rol lo asumió su hijo.

Por las supuestas violaciones a la Ley de Ética, la ASGOJU pidió al tribunal imponer una multa de entre 251 y 10.000 dólares.

El pasado 12 de septiembre, el fiscal general, Douglas Meléndez, informó de que Jaime es investigado por su relación con la citada empresa que supuestamente evadió unos 2.791.000 dólares.

Añadió que este caso puede estar relacionado con el de la empresa IP Holding's, a la que un informe del fisco también acusa de evadir 3,2 millones de dólares, por un impuesto de 4 centavos de dólar que se aplicaba a cada llamada internacional que entraba a El Salvador hasta 2014.

El mencionado tribunal es una entidad de carácter administrativo y puede imponer sanciones como amonestaciones verbales, multas y suspensión en el cargo, este último cuando un funcionario incurre de manera reiterada en violaciones a la Ley de Ética.

Jaime es magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ desde 2009 y fue presidente de dicho órgano de Estado entre ese año y 2014. EFE