Internacional

EE.UU. espera que Asamblea de OEA evite debate 'simplista' sobre legalización

William Brownfield celebró la propuesta del Gobierno guatemalteco de convertir la búsqueda de nuevas estrategias en la lucha antidrogas en el tema central de la Asamble de la OEA.

Los cancilleres que se reunirán en junio en la Asamblea General de la OEA deben evitar la noción "simplista y dañina" de que la legalización de las drogas

resolverá el problema de seguridad en el continente, dijoel secretario de Estado adjunto de EE.UU. para la lucha antidrogas,

William Brownfield.



En una entrevista con Efe en su despacho del Departamento de Estado, Brownfield

celebró la propuesta del Gobierno guatemalteco de convertir la búsqueda de nuevas estrategias en la lucha antidrogas en el tema central de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos

(OEA), que se celebrará en junio en Antigua (Guatemala).



"Doy la bienvenida al debate y creo que todas las estrategias antidrogas de cualquier nación pueden mejorarse, con debates, experimentos y ajustes. Pero me resisto rotundamente a quienes sugieren que si simplemente legalizamos las drogas, el problema se esfumará", indicó el funcionario.



"Eso es simplista, es dañino, porque crea expectativas e ignora ciertos hechos científicos, como que la razón por la que ciertas drogas son ilegales es porque son tóxicas y adictivas", sentenció.



"Decir que simplemente debemos legalizar es una solución demasiado simple", subrayó.



Estados Unidos argumenta que una despenalización de las drogas no reducirá la violencia en la región, porque los carteles han sabido diversificar su negocio para dedicarse además al tráfico de armas, el lavado de dinero o los secuestros, que también dejan muertos.



Brownfield subrayó que Estados Unidos ha llegado a esa conclusión, pero "no trata de imponérsela a ningún otro país del continente", igual que "ningún otro país va a decirnos cómo vamos a aplicar nuestras leyes y políticas sobre drogas".



Advirtió, no obstante, de que si algunos países se inclinan por la legalización deberán tener en cuenta las obligaciones a las que están sometidos por la

Convención sobre Narcóticos de la ONU

y otros documentos internacionales que "prohíben la marihuana, además de la heroína y la cocaína".



"En algún momento tendremos que enfrentar ese asunto si los Gobiernos van a cambiar su enfoque respecto a cuáles son las drogas ilícitas", indicó Brownfield.



El funcionario reconoció que

Estados Unidos

está enfrentando su propio debate interno tras la legalización en noviembre de la marihuana para uso recreativo en los estados de Washington y Colorado y aún no ha decidido "cómo se resolverá ese proceso estatal y su conflicto con la ley federal".



En cuanto a la cooperación de seguridad con Centroamérica, Brownfield aseguró que no ve "la lógica" en los argumentos de que la ayuda de Estados Unidos se ha centrado demasiado en programas militares o que ha sido "limitada", como indicó este mes a Efe e

l presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.



"En los últimos tres años, hemos proporcionado unos 500 millones de dólares de asistencia a Centroamérica para asuntos de seguridad mediante la Iniciativa Regional para la Seguridad en Centroamérica (CARSI, en inglés)", apuntó.



De esa cantidad, la mayor parte está controlada por su oficina, que tiene "prohibido trabajar con militares", y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid), mientras que sólo "un pequeño porcentaje es proporcionado por el Departamento de Defensa".



"Entiendo que algunos países en Centroamérica se han sentido tan amenazados, quizá incluso superados por la violencia y el alcance de las organizaciones criminales que han usado para algunas misiones a sus propios militares", afirmó.



"Esa es una decisión que corresponde a cada Gobierno soberano.



Sinceramente, para nosotros es mucho más fácil y mucho mejor cuando la policía se hace cargo de la misión", insistió.



En cuanto a Honduras, aseguró que su oficina está "en proceso de resolver" las preocupaciones de algunos congresistas, que han llevado a bloquear parte de la ayuda mientras se investiga la presunta participación en ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2002 del director de la Policía, Juan Carlos Bonilla.



"Respeto el trabajo que está haciendo (Bonilla), lo admiro y creo que es bueno para Honduras, pero estoy restringido por la ley de Estados Unidos en términos de con quién puedo trabajar", agregó.

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