Entra en vigor la controvertida nueva Ley de Comunicación de Ecuador
La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio, con el apoyo del oficialista Alianza País, el movimiento político del presidente Rafael Correa.
La nueva ley de Comunicación de Ecuador, defendida por el Gobierno como un instrumento para frenar "abusos" de la prensa y atacada por sectores profesionales por considerarla una norma "mordaza", entró este martes en vigor al ser publicada en el Registro Oficial del Estado.
Para los detractores de la norma, como el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, su promulgación hace de la jornada "un día negativo para el periodismo independiente, para la prensa privada y para la libertad de expresión en Ecuador".
"Implica un golpe muy fuerte al desarrollo y protección de los derechos fundamentales, incluidos la libertad de expresión y opinión", dijo Cornejo.
La normativa incluye la figura del "linchamiento mediático", que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
La ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control", y tendrá "capacidad sancionatoria" sobre la actuación de medios de comunicación.
También el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.
Esta ley "busca castigar desde la opinión crítica a la gestión de las autoridades y funcionarios públicos", según Cornejo, quien consideró que la figura del "linchamiento mediático" esta "descrita en términos muy vagos y generales" e "implícitamente propende a la censura previa de la información".
Es una ley que "no toca al periodismo que se hace en los medios gubernamentales" y que "convierte al derecho a la libertad de expresión en un servicio y un bien público, y eso trae una serie de consecuencias como que el trabajo en periodismo va a estar sometido a controles del Estado", agregó.
El Gobierno, por su parte, justifica la ley por considerar que permitirá regular los supuestos "abusos" de la prensa y el asambleísta por Alianza País (oficialista) Miguel Carvajal, consideró que esta norma es "un hito en la construcción y profundización de la democracia".
Carvajal, en una entrevista en el canal Gama TV, recogida por la agencia gubernamental Andes, indicó que "Ecuador necesitaba una Ley de Comunicación plena, objetiva y veraz, que evite los abusos por parte de los poderes mediáticos sobre la honra de las personas".
"Esta ley -dijo- es un instrumento que amplía las posibilidades de construcción de democracia en el país".
En su opinión, en el país hacía falta una ley que garantizara libertades, derechos, el respeto al trabajo de los periodistas y que ampliara la protección de los derechos ciudadanos por medio de una comunicación objetiva.
Sobre la nueva distribución de frecuencias que establece la ley, Carvajal dijo que "es fundamental para ampliar el ejercicio de la libertad de expresión" y recordó que antes de esta ley, en Ecuador hubo un "festín de frecuencias" que eran entregadas como pago de favores políticos, según datos de la Contraloría General del Estado.
"Ecuador es un país que protege y respeta los derechos humanos y esta lógica no sólo se aplica a la comunicación sino a las políticas de seguridad e internacionales, que siempre han estado guiadas por el respeto a los derechos humanos", sostuvo el legislador, quien negó que se trate de una ley mordaza.
Para los detractores de la norma, como el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, su promulgación hace de la jornada "un día negativo para el periodismo independiente, para la prensa privada y para la libertad de expresión en Ecuador".
"Implica un golpe muy fuerte al desarrollo y protección de los derechos fundamentales, incluidos la libertad de expresión y opinión", dijo Cornejo.
La normativa incluye la figura del "linchamiento mediático", que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
La ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación, que se encargará de la "vigilancia, auditoría, intervención y control", y tendrá "capacidad sancionatoria" sobre la actuación de medios de comunicación.
También el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en materia de acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.
Esta ley "busca castigar desde la opinión crítica a la gestión de las autoridades y funcionarios públicos", según Cornejo, quien consideró que la figura del "linchamiento mediático" esta "descrita en términos muy vagos y generales" e "implícitamente propende a la censura previa de la información".
Es una ley que "no toca al periodismo que se hace en los medios gubernamentales" y que "convierte al derecho a la libertad de expresión en un servicio y un bien público, y eso trae una serie de consecuencias como que el trabajo en periodismo va a estar sometido a controles del Estado", agregó.
El Gobierno, por su parte, justifica la ley por considerar que permitirá regular los supuestos "abusos" de la prensa y el asambleísta por Alianza País (oficialista) Miguel Carvajal, consideró que esta norma es "un hito en la construcción y profundización de la democracia".
Carvajal, en una entrevista en el canal Gama TV, recogida por la agencia gubernamental Andes, indicó que "Ecuador necesitaba una Ley de Comunicación plena, objetiva y veraz, que evite los abusos por parte de los poderes mediáticos sobre la honra de las personas".
"Esta ley -dijo- es un instrumento que amplía las posibilidades de construcción de democracia en el país".
En su opinión, en el país hacía falta una ley que garantizara libertades, derechos, el respeto al trabajo de los periodistas y que ampliara la protección de los derechos ciudadanos por medio de una comunicación objetiva.
Sobre la nueva distribución de frecuencias que establece la ley, Carvajal dijo que "es fundamental para ampliar el ejercicio de la libertad de expresión" y recordó que antes de esta ley, en Ecuador hubo un "festín de frecuencias" que eran entregadas como pago de favores políticos, según datos de la Contraloría General del Estado.
"Ecuador es un país que protege y respeta los derechos humanos y esta lógica no sólo se aplica a la comunicación sino a las políticas de seguridad e internacionales, que siempre han estado guiadas por el respeto a los derechos humanos", sostuvo el legislador, quien negó que se trate de una ley mordaza.
