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Opositores presos cobran protagonismo en las protestas venezolanas

Los políticos presos en Venezuela fueron hoy el punto en la agenda de protestas de la oposición de ese país que acudió hasta la prisión donde está recluido Leopoldo López, uno de los opositores encarcelados más emblemáticos del antichavismo, para pedir su libertad.

Caracas, 28 abr (EFE).- Los políticos presos en Venezuela fueron hoy el punto en la agenda de protestas de la oposición de ese país que acudió hasta la prisión donde está recluido Leopoldo López, uno de los opositores encarcelados más emblemáticos del antichavismo, para pedir su libertad.

Cientos de opositores, entre ellos diputados y familiares de López, intentaron llegar en una marcha hasta el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, para pedir allí la liberación del fundador de Voluntad Popular y del centenar de políticos recluidos en otros centros del país.

En Ramo Verde también hay unos 30 "presos políticos", según dijo Oriette Schadendorf Capriles, quien también participó en la marcha y que es hija del también encarcelado alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario.

La marcha, que recorrió unos 14 kilómetros con normalidad, logró llegar a uno cientos de metros de distancia del centro militar luego de ser bloqueada por un cordón de las fuerzas de seguridad.

La Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana celebró una sesión desde el lugar y aprobó un manifiesto sobre la supuesta "violación" de los derechos humanos de la que, aseguran, son víctimas los políticos presos en el país.

"En la Venezuela de hoy hay más de 500 personas privadas de libertad, cada tortura recibida, cada maltrato, cada prisión que hay hoy (...) es violación de los derechos humanos. Tenemos que dejar constancia", dijo la presidenta de la comisión, la opositora Delsa Solórzano.

El manifiesto, que fue aprobado con el voto de los opositores de la comisión, será luego sometido a un debate del pleno para que finalmente, afirmó Solórzano, pueda elevarse a la Corte Penal Internacional.

Por su parte, Lilian Tintori, la esposa de López, reiteró su denuncia de que el político continúa en un régimen de aislamiento que lo mantiene incomunicado, incluso de sus abogados.

"Tenemos un mes sin ver a Leopoldo, sin escuchar su voz, sin una llamada familiar, si saber nada de él. Ni siquiera a los abogados los dejan pasar, lo que nos dicen arriba es que está sancionado, castigado, aislamiento, incomunicado", dijo.

Según el director de la ONG Foro Penal venezolano, Gonzalo Himiob, en Venezuela hay un total de 178 presos por razones políticas, una calificación que ha sido rechazada por las autoridades venezolanas que sostienen que estos están detenidos por delitos comunes.

Esta movilización forma parte de la jornada de protestas que ha convocado la oposición venezolana desde el pasado 1 de abril para pedir la destitución de siete magistrados del Supremo, a quienes acusa de haber dado un "golpe de Estado" al publicar una sentencia que afectaba al Parlamento y que fue anulada poco después.

Algunas de estas manifestaciones se han tornado violentas y han dejado un saldo de 29 muertes, cerca de 500 heridos y más de 1.000 detenidos.

En medio de las críticas de la oposición por los excesos de los cuerpos de seguridad contra los manifestantes, y las del chavismo, que desestiman que las manifestaciones se puedan considerar "protestas pacíficas" por los daños causados por la violencia, varios gobernadores oficialistas dictaron prohibiciones de actividades que puedan degenerar en vandalismo.

El gobernador del estado fronterizo de Táchira (oeste), el chavista José Vielma Mora, prohibió mediante un decreto difundido hoy las manifestaciones de calle "que generen violencia, zozobra y terror" en la población, así como las protestas que obstaculicen las vías de esta región.

En el escrito se indica que no se podrán realizar las manifestaciones que tienen el propósito de "obstaculizar las vías públicas para impedir el libre tránsito e incitando a la perpetración de actos vandálicos".

Según el documento, estas acciones traen como consecuencia "que bandas armadas o grupos de delincuencia organizada atenten contra la integridad de las personas y la propiedad pública y privada, causando estragos, catástrofes e incendios".

Los gobernadores de los estados Yaracuy (oeste), Julio León Heredia, y Vargas (Litoral), Jorge Luis García Carneiro, también oficialistas, dictaron decretos similares en sus respectivos territorios.

"Prohíbo por decreto (051) la presencia de encapuchados y cualquier acto vandálico que perturbe la paz de mi Pueblo", informó Carneiro en un mensaje en Twitter.

Hace una semana, Heredia hizo lo propio y anunció que "cualquier persona que cargue el rostro cubierto en alguna concentración, movilización o acto de protesta será detenida". EFE

igr/jg/dsz

(foto)(audio)(video)

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