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Procurador DDHH salvadoreño pide a Congreso ratificar pactos internacionales

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, hizo hoy un llamado a la nueva Asamblea Legislativa, que asumió el pasado 1 de mayo, a que ratifique "importantes instrumentos internacionales" sobre la protección de los derechos humanos.

San Salvador, 26 may (EFE).- El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, David Morales, hizo hoy un llamado a la nueva Asamblea Legislativa, que asumió el pasado 1 de mayo, a que ratifique "importantes instrumentos internacionales" sobre la protección de los derechos humanos.

"Ahora que el país cuenta con una nueva Asamblea Legislativa, el Procurador reitera su llamado para que esta legislatura proceda a ratificar importantes instrumentos internacionales que amplían la protección de los derechos humanos", sostiene en un comunicado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Morales se refirió en su petición a la ratificación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

Asimismo señaló la necesidad de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, explicó la nota de la PDDH.

"Es importante recordar que la desaparición forzada de personas constituyó una práctica sistemática de violación a los derechos humanos en El Salvador, ejecutada y tolerada por el Estado, antes y durante el conflicto armado (1980-1992) y (...) cometidas por grupos armados afines a los cuerpos militares y de seguridad de la época", señaló el procurador.

El Estado salvadoreño fue condenado en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la desaparición forzada de niños durante la guerra civil salvadoreña que enfrentó a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y al Ejército salvadoreño, financiado por el Gobierno estadounidense.

Además, el defensor "recordó" a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "la necesidad de emitir sentencia sobre la petición de inconstitucionalidad" contra la Ley de Amnistía creada en 1993 y que no permitió investigar crímenes como el asesinato de monseñor Óscar Romero.

Los 12 años de guerra en El Salvador dejaron un saldo unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos. EFE

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