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Supremo de Guatemala abre paso a antejuicio contra magistrado por corrupción

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala aprobó hoy, por unanimidad, enviar al Congreso la solicitud de antejuicio contra el magistrado Vladimir Aguilar, quien era procurador general cuando se firmó un contrato con la empresa portuaria TCQ, eje de una trama de corrupción.

Guatemala, 11 may (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala aprobó hoy, por unanimidad, enviar al Congreso la solicitud de antejuicio contra el magistrado Vladimir Aguilar, quien era procurador general cuando se firmó un contrato con la empresa portuaria TCQ, eje de una trama de corrupción.

Será el máximo órgano legislativo el que deberá decidir si retira la inmunidad al magistrado de la CSJ, confirmaron a Efe fuentes judiciales.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentaron este martes la solicitud de antejuicio, al entender que el exprocurador pudo incurrir en los delitos de "tráfico de influencias, concusión y resoluciones violatorias a la Constitución".

Según la investigación, el magistrado mantuvo "una serie de diálogos y encuentros" con personas del Gobierno, de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y de TCQ para, en su calidad de abogado del Estado, emitir "una opinión favorable a la legalidad del contrato de usufructo oneroso".

La pasada semana la Fiscalía ya dio trámite a otra solicitud tras la denuncia presentada por el partido Encuentro por Guatemala para investigar la presunta participación de Aguilar en la estructura delictiva de TCQ, supuestamente liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión por otro caso de corrupción.

Por este mismo caso el también magistrado de la CSJ de Guatemala Douglas René Charchal perdió este martes su inmunidad.

Ambos están supuestamente implicados en el escándalo de corrupción de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El caso TCQ se urdió, según la fiscalía, para cobrar un soborno millonario a cambio de un usufructo en la mayor portuaria del país, Puerto Quetzal.

El antejuicio es necesario para despojar de la inmunidad al magistrado y que así pueda ser investigado.

La pasada semana, la actual procuradora general, María Eugenia Villagrán, anunció que había presentado una denuncia penal abierta contra "cualquier" funcionario que hubiera participado en el aval del contrato, incluidos los trece exministros del Gobierno de Otto Pérez Molina y exresponsables de la propia Procuraduría.

La primera de las denuncias tramitada por el Ministerio Público (Fiscalía) ante el Juzgado Noveno incluye también a Larry Mark Robles, antecesor de Aguilar en el cargo, cuyo caso sí será asumido por este órgano judicial. EFE

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