La supuesta corrupción en el caso Meritage

A través de Gibson Dunn & Crutcher LLP, una de las firmas de abogados más importante del mundo, inversionistas de Estados Unidos que financiaron Meritage demandaron al Estado por casi un $1 billón por las supuestas irregularidades de la fiscalía y presunta corrupción en este caso. Según la demanda, a pesar de que en su momento se habia certificado por parte de la fiscalía que el predio no tenia lios penales, este fue embargado por el mismo ente acusador. La historia: Ángel Seda, dueño de la empresa Royal Realty ,encontró un terreno ubicado antes del peaje en la vía Las Palmas para construir ahí el ambicioso proyecto. Firmó una promesa de compraventa con la sociedad La Palma Argentina y en 2013 Corficolombiana se convirtió en la fiduciaria para administrar la propiedad. Según reveló El Espectador, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), que recauda la información financiera de clientes y propietarios de un predio desde diez años atrás le certificó a Seda que el predio estaba limpio, y en septiembre de 2013, el director de la Unidad de Extinción de Dominio, Julián Quintana (exdiretor del CTI), contestó que no existía registro alguno de noticia criminal ni investigaciones contra la propiedad. Luego de esto, en el año 2014 apareció Ivan Lopez Vanegas (extraditado a Estados Unidos Unidos y absuelto en este mismo país) alegando ser el legítimo dueño de las tierras de Meritage, contando que el terreno fue vendido en contra de su voluntad pues, según Vanegas, la oficina de Envigado secuestró a su hijo y lo obligó a firmar un documento en blanco con las características de escritura pública para despojarlo del predio Según Seda, a través del abogado Víctor Mosquera, López intentó negociar el pago del bien en diferentes ocasiones y tuvieron varias reuniones. Tras esto, la fiscal Andrea Malagón y la fiscal 44 Alejandra Ardila Polo, iniciaron una investigación por extinción de dominio contra los predios del Meritage. Las denuncias contra las fiscales del caso: En marzo de este año El Tiempo reveló que la exfiscal Hilda Niño aseguró que en la Unidad de Extinción de Dominio, cuya cabeza era Malagón, se torcieron casos emblemáticos como el del polémico proyecto inmobiliario Meritage, y que un par de casos fueron abiertos en esta fiscalía a partir de testigos suministrados por la Regional de Inteligencia Militar n.º 5, a la que estaba adscrito el esposo de Malagón. En 2016 la mano derecha de Malagón, la fiscal 44 delegada de la Dirección de Extinción de Dominio, Alejandra Ardila Polo, abrió una investigación que tenía que ver con la denuncia de Iván López y que indagaba por los traspasos irregulares del bien donde se construye el proyecto inmobiliario Meritage, luego se abrió un proceso de extinción de dominio. Pero esta no es la primera vez que nombran a Andrea Malagón dentro de un caso de presunta corrupción. En febrero del año pasado el excongresista Otto Bula denunció una red que beneficiaba a personas investigadas en procesos de extinción de dominio. En mayo de 2018, Bula declaró que el exvicefiscal Jorge Perdomo envió al cordobés Alfredo Mendoza Fortich para pedirle $6.000 millones a cambio de usar su influencia con Malagón y acabar la investigación. En este caso también aparece nombrada la mano derecha de Malagón, la fiscal Alejandra Ardila. Otro caso en la lupa de las autoridades es el de los Mora Urrea, más conocido como el caso Supercundi, en el que los abogados ya denunciaron supuestos ofrecimientos de dinero por parte de ex miembros de la Fiscalía.Un común denominador en este caso es que los exguerrilleros que sirvieron de base para la acusación contra los Mora fueron tramitados a través de la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (Rime) n.° 5. Esto, dentro de una operación que se conoció como “Chachachá” y que contó con el apoyo del coronel Edinson González, esposo de Malagón. Volviendo al caso Meritage: En la demanda internacional contra Colombia, la firma de abogados Estadounidenses agrega un documento en el que se asegura que el secuestro del hijo de Vanegas no existió. Según el documento el secuestro fue fingido por parte de la Oficina de Envigado. De hecho la ex directora delegada contra la criminalidad organizada, Claudia Carrasquilla, aseguró en entrevista con un medio de comunicación que el secuestro nunca sucedió. La defensa de Lopez Vanegas insiste en que el secuestro fue real y certifican que la Fiscalía abrió una investigación por estos hechos. Fuentes del ente acusador le aseguraron a W Radio que en el ente acusador se adelanta el proceso de extinción de dominio donde 3 veces se le ha negado la condición de víctima a Seda por parte de jueces de la República. Paralelamente el ente acusador investiga extorsiones y amenazas denunciadas por Seda.

La supuesta corrupción en el caso Meritage

Laura Maria Palomino Cardozo

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