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Más de 40 casos de secuestro le presentara País Libre a la Corte Penal Internacional

La ejecución de los diputados del Valle, el secuestro y asesinato de la niña Daniela Vanegas y el homicidio de los abuelos Angulo hacen parte del expediente que la fundación enviaría esta semana.

La ejecución de los diputados del Valle, el secuestro y asesinato de la niña Daniela Vanegas y el homicidio de los abuelos Angulo hacen parte del expediente que la fundación enviaría esta semana.

A partir del primero de noviembre, la Corte Penal Internacional ya podrá mirar con lupa posibles crímenes de guerra cometidos en Colombia.

País Libre no es la única. Otras dos ONG alistan sendas carpetas que documentan secuestros representativos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, para el estudio de Luis Moreno Ocampo, el fiscal de la CPI.

El caso de los diputados del Valle se refiere al secuestro de 12 de ellos por parte de la columna 'Arturo Ruiz' de las Farc, el 11 de abril del 2002, y su posterior asesinato en cautiverio de 11 de ellos, tras cinco años privados de la libertad.

Daniela Vanegas, de 15 años, fue raptada en septiembre del 2003 cuando esperaba su ruta escolar en el barrio Nicolás de Federmán, de Bogotá. Un año después las autoridades encontraron su cadáver en el sur de la capital y responsabilizaron a las Farc, que exigían un millón de dólares a cambio de su liberación.

El expediente sobre doña Carmenza y don Gerardo Angulo cuenta la historia de esta pareja, de 70 años de edad, secuestrada en febrero del 2002, y asesinada dos meses después por orden de 'Romaña', jefe militar del bloque oriental de las Farc. Según el testimonio de un desmovilizado, los asesinaron porque ya no podían caminar más por el monte.

Los casos han sido documentados por País Libre como crímenes de lesa humanidad, no porque el secuestro sea uno de ellos, sino porque sus características se ajustan a las violaciones de Derechos Humanos consignadas en los estatutos internacionales.

En el expediente se explica que ha sido una práctica sistemática de sus autores, y generalizada porque no ha sido exclusiva de una región en el país. Además se señala como responsables de esos casos a jefes guerrilleros y paramilitares.

La ONG ya clasificó 25 casos, algunos de ellos incluidos dentro de los 40, que se ajustan también a lo que consideran crímenes de guerra.

Para Adriana Caicedo, asesora jurídica internacional de País Libre, ya se ha reconocido el conflicto armado en el país, y por ello los crímenes de guerra podrían aplicar.

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