Judicial

OEA designa a nuevo delegado en Colombia para proceso con paramilitares

La OEA designó al abogado argentino Marcelo Álvarez como nuevo jefe de su misión de apoyo en Colombia a un proceso de paz con los paramilitares de ultraderecha

La OEA designó al abogado argentino Marcelo Alvarez como nuevo jefe de su misión de apoyo en Colombia a un proceso de paz con los paramilitares de ultraderecha, en reemplazo del también argentino Sergio Caramagna, confirmó el nuevo delegado del organismo a la AFP.



"Sí. Ya se dio mi designación como jefe de la misión", señaló Alvarez telefónicamente desde España, donde participa en un foro sobre derechos humanos. "La próxima semana, cuando regrese a Colombia, haré un pronunciamiento oficial", enfatizó.



Recientemente, la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió sobre la presencia de nuevas bandas emergentes, en las que podrían actuar unos 7.000 ex paramilitares, que tienen en jaque la seguridad en 153 municipios del país, y han logrado consolidar un corredor del narcotráfico.



El organismo advierte que la mayoría de los 1.658 ex paramilitares que han sido asesinados desde 2003, cuando comenzó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tenía algún tipo de contacto o amenaza de los grupos que surgieron tras su desarme.



La misión de la OEA para la negociación con las AUC es enfática en señalar que el paramilitarismo como tal "ya no es lo que era", pero advierte que los efectos del desarme de esas organizaciones ya no se sienten o nunca se sintieron en 28 zonas del país.



El proceso de paz del gobierno del presidente Alvaro Uribe con las AUC concluyó en 2006 y permitió la desmovilización de al menos 30.000 paramilitares, varios de los cuales se encuentran sindicados de delitos de lesa humanidad.



Esa desmovilización se dió en el marco de una ley especial que les imponía penas de 8 años de cárcel como máximo, incluso por delitos de lesa humanidad, pero si confesaban todos los crímenes cometidos y reparaban a sus víctimas.



Uribe decidió extraditar a 13 ex jefes de las AUC porque, según argumentó, continuaban delinquiendo desde la cárcel y no estaban cumpliendo con los compromisos que les exigía esa ley a la que se habían acogido.

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