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Procurador pide anular fallo que le prohíbe imponerse sobre el matrimonio homosexual

Ordóñez alega que dicha sentencia viola su derecho al debido proceso, ya que indica que directrices de la Procuraduría podrían afectar la imparcialidad de jueces.

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Foto: Colprensa.

Alejandro Ordóñez le pidió a la Sala Plena de la Corte Constitucional que anule la sentencia T-444 de 2014, en la cual se señaló que si bien la Procuraduría puede recolectar información sobre las solicitudes de matrimonio y unión solemne de parejas del mismo sexo, no puede utilizarla para "imponer su visión" o sus directrices frente a notarios y jueces que celebren 'uniones solemnes'.

El fallo al que hace referencia es al que acogió los argumentos de una tutela presentada por una pareja de lesbianas, Adriana Sanabria y Marcela Rojas, en la que cuestionan varias circulares de la Procuraduría en las que se piden a notarios y jueces a que entreguen una relación de las solicitudes de uniones y matrimonios entre parejas homosexuales.

Consideraron ellas que dichas circulares eran una "intromisión arbitraria en la intimidad de las parejas que no tiene ningún tipo de sustento en las funciones de vigilancia y control que ejerce la entidad".

Ordóñez alega que dicha sentencia le viola su derecho al debido proceso, ya que indica que directrices de la Procuraduría podrían afectar la imparcialidad de los jueces.

Dice que esas circulares no son advertencias sobre procesos disciplinarios. "De hecho no hay prueba alguna que acredite que existan actuaciones disciplinarias en curso en contra notarios que hubiesen celebrado contratos de matrimonio entre parejas del mismo sexo, y la Procuraduría no ostenta función disciplinaria alguna sobre los jueces", indica una comunicación del Ministerio Público.

Ordoñez también afirma que se viola su principio de buena fe, ya que la Corte presume que las directrices del Procurador se hicieron de mala fe. "En los actos cuestionados por el alto tribunal en ningún momento se hace alguna consideración o afirmación, como tampoco se da cuenta de ninguna decisión de la Procuraduría que tenga por objeto amenazar a los jueces o notarios de la República, sino que únicamente se formulan recomendaciones respetuosas".

El Procurador también afirma que con esa circular no se pretendía “instar” a los jueces y notarios a objetar en conciencia, "sino que lo único que se dice al respecto es que se debe respetar ese derecho -consagrado en el artículo 18 de la Constitución- a los funcionarios que consideren que sus convicciones más profundas están siendo lesionadas cuando se les exige actuar de determinada manera".